VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN EXIGEN VÍCTIMAS DEL PARAMILITARISMO
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Por: Julio Enrique Cortés Monroy
Fecha de publicación: 3 de agosto 2010.
Contacto: juliaocortes@yahoo.com.ar
Es necesario que en nuestro país se produzca una fuerte movilización social para denunciar la verdad de lo ocurrido en Colombia durante los últimos años. Llevamos mucho tiempo en una patria boba de genocidio, miseria, y despojo por parte de unas cuantas familias ejerciendo el poder, y reprimiendo cualquier brote de inconformismo social. Miles de fosas con cuerpos acribillados, millones de desplazados, exiliados, presos políticos, desaparecidos, torturados, persecución a líderes sociales, y comunidades enteras arrasadas, dicen mucho de la triste realidad. ¿Cuántos indígenas, campesinos, sindicalistas, trabajadores, estudiantes, políticos, periodistas, niños, e inocentes, han caído a lo largo y ancho del territorio nacional?
En Colombia se sigue aniquilando cualquier posibilidad de unas transformaciones estructurales que resuelvan las necesidades del pueblo. Los intentos por una salida política al conflicto social y armado colombiano han fracasado debido a radicalismos y al odio acumulado; pero también por la voracidad de poder de una minoría. Mientras tanto la sociedad colombiana, empobrecida e impotente, se desangra al tiempo que los corruptos aprovechan la confusión y la politiquería para engrosar sus fortunas.
El presidente Álvaro Uribe Vélez llegó al poder en el 2002, cuando ya el paramilitarismo había penetrado las esferas del poder político y económico, controlando gran parte del territorio nacional, reconocieron luego Mancuso y otros comandantes paramilitares que apoyaron la candidatura de Uribe y que formaron parte del pacto de Santa fe de Ralito, Córdoba, lugar en donde se diseñó el plan de “Refundar la patria”, un proyecto de nación concebido desde sectores de la ultraderecha colombiana.
Muy pronto esta realidad fue criticada, nacional e internacionalmente, por organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición. A pesar de las críticas Álvaro Uribe emprende la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), la cual servirá como marco jurídico en el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, convirtiendo este asunto en uno de los pilares de la política de Seguridad Democrática, pero creando gran desconfianza en la opinión pública, en parte por los antecedentes de Uribe como defensor y promotor de las Convivir (grupos de justicia privada) cuando fue gobernador de Antioquia.
Amnistía Internacional señaló: “La aplicación de la Ley de Justicia y Paz no hará sino fomentar la impunidad en Colombia”. Incluso pidió al gobierno colombiano revocar dicha Ley denunciando que “los paramilitares en los últimos años han sido responsables de la mayoría de los homicidios de civiles, las desapariciones y casos de tortura”. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también expresó su preocupación: “Esta Ley vulnera el derecho de las víctimas de abusos a conocer la verdad y a obtener justicia y reparación”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sustentó que en
Otras organizaciones, como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia (ASFADDES) denunciaron que “la Ley generará impunidad y que en vez de intentar legitimarla o avalar sus mecanismos continuarán actuando activamente ante la justicia ordinaria”. Nuevamente Human Rights Watch se pronunció señalando que “la Ley otorga beneficios sumamente generosos a miembros de grupos armados, incluyendo la oportunidad de escudarse de la extradición, a costa de la justicia para las víctimas de graves abusos, al mismo tiempo que no establece mecanismos efectivos para asegurar el desmantelamiento de estos poderosos grupos mafiosos”.
Efectivamente, el panorama frente a la Verdad, Justicia y Reparación se complicó después de la extradición de los catorce jefes paramilitares en el 2008 pues las confesiones de estos comandantes “paras” permitieron avanzar en el esclarecimiento de la verdad de los crímenes del paramilitarismo y sus promotores. Es así como
Iván Cepeda, líder del Movimiento Nacional de Víctimas del Paramilitarismo y de Crímenes de Estado, opina que “con estas extradiciones se ha configurado una situación que obstaculiza de manera significativa el desarrollo de los procedimientos de Justicia y Paz y de otras jurisdicciones que tienen que ver con la persecución de los crímenes contra la humanidad cometidos por paramilitares, y por sus aliados, los políticos. A esta hora nos encontramos con que hay una gran dilación de las audiencias de Justicia y Paz en Estados Unidos”.
Por su parte el gobierno ha justificado la extradición de estos jefes paras con el argumento de que se ponía en riesgo la seguridad del sistema carcelario y judicial a través de mecanismos de corrupción o intimidación, y que algunos de ellos continuaron delinquiendo, y poco contribuyeron a la reparación de las víctimas o a la verdad. “Había que enviar un mensaje muy fuerte de que no se puede seguir delinquiendo en el marco de Justicia y Paz, ni se puede seguir poniendo en riesgo a las víctimas, el que no colabore va a tener mano dura”, dijo Eduardo Pizarro, presidente de la CNRR en entrevista a Margarita Vidal. (Magazín Versión Libre Canal Capital, junio 01 de 2008).
Lo cierto es que esta decisión de extraditar a los cabecillas paramilitares a los Estados Unidos ha causado una gran conmoción ante la suerte del proceso de desmovilización y su Ley de Justicia y Paz. Las críticas han sido implacables al afirmar que el presidente Uribe no está interesado en la reparación a las víctimas por los crímenes de lesa humanidad, ni el esclarecimiento de la verdad. Por más que el embajador de los E.E.U.U en Colombia, William Brownfield, y el Fiscal de ese país, han dicho que “no hay de qué preocuparnos porque las víctimas podrán interponer demandas civiles contra los victimarios en las Cortes de Estados Unidos”, se presume que EE.UU no podrá juzgar a estos extraditados por delitos como el desplazamiento forzado y masacres en Colombia pues eso no le compete a la justicia norteamericana. De tal manera que con estas extradiciones parece alejarse la posibilidad de la Verdad, Justicia y Reparación para las miles de víctimas.
No obstante para Carlos Montoya, ex coordinador de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Regional Centro, “la Ley 975 de Justicia y Paz es un instrumento completamente revolucionario para lo que ha sido la historia de la justicia colombiana, existe una gran voluntad por parte del gobierno nacional para que los procesos judiciales e institucionales tengan éxito. Colombia podrá llegar a ser el primer país en el mundo que realmente repare de una forma exitosa a los cientos de miles de víctimas que ha dejado la violencia en los últimos seis años por lo menos”.
En cambio, para Iván Cepeda, la Ley de Justicia y Paz fue diseñada como una entidad dedicada a promover las supuestas bondades del proceso, sin generar procesos de participación eficaces en defensa de esos derechos de las víctimas, y eso ha hecho que las víctimas no respalden la Comisión y busquen otras alternativas para garantizar los derechos.
Ha sido tan grave el desconocimiento de los alcances de esta Ley de Justicia y Paz, que el gobernador indígena, Enrique Guetio, reveló en cierta ocasión en un Encuentro de Víctimas en Bogotá, que “las noticias sobre la Ley nunca llegaron a algunas comunidades en el campo, muchas víctimas no imaginaron la impunidad que sus verdugos iban a recibir”. El presidente de la Organización Nacional Indígena Colombiana (ONIC) se refirió en igual sentido diciendo que “este proceso de paz efectivamente se ha hecho de espaldas al pueblo”.
El tema de la Verdad, Justicia y Reparación integral a las víctimas, requiere comprender las causas del desplazamiento forzado de la población campesina colombiana. La disputa por la tenencia de la tierra y el control del narcotráfico, y de los recursos naturales en zonas geoestratégicas del país, han sido factores para el genocidio y la persecución. “Para nadie es un secreto que todas esas normas jurídicas obedecen a los grandes mega proyectos e intereses económicos impuestos por el AlCA y el TLC, y como pueblos indígenas no vamos a ceder porque allí se está jugando el futuro de nuestras vidas, y no somos consultados en esa materia”, dijo un kankuamo en una de las Audiencias Públicas de Víctimas, en el Congreso de la República. A propósito, salió a la luz pública la denuncia en contra de la transnacional Chiquita Brands y la multinacional petrolera Perenco, por la financiación de grupos paramilitares.
Por su parte, uno de los más fuertes contradictores del gobierno Uribe, y quien ha denunciado ante el Congreso de la República el fenómeno de la Parapolítica, Gustavo Petro, senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), sostuvo que "en Colombia la maquinaria de la muerte tiene raíces históricas, a través de la historia de este país, los criminales nunca han sido sentenciados o condenados, esta maquinaria se reproduce desde los niveles más altos del poder en Colombia, y está en el poder haciendo las leyes de hoy”.
Tal vez por estas razones Iván Cepeda, quien también es víctima del terrorismo de Estado, considera “necesario conocer en qué ha consistido la acción criminal del paramilitarismo, dilucidar quienes son sus verdaderos beneficiarios, y los grandes cómplices, los jefes de estos grupos, desde el mundo de la política, el empresariado, los dueños de la tierra, etc. No se puede dejar por fuera la responsabilidad del Estado en el financiamiento internacional del paramilitarismo. Las víctimas no son víctimas de poderes oscuros e indeterminados, sino que han sido agredidas por el poder estatal y sus mecanismos de persecución".
Lo anterior tiene relación con la publicación del U.S. Journal of World Affairs: “En realidad, los escuadrones de la muerte son un instrumento extremadamente efectivo, por abominable que sea, en el combate contra terroristas y desafíos revolucionarios”. Y el jefe de Guerra Psicológica de EE.UU, el General Robert McClure, hablando del terror táctico, dijo: “Reconozco plenamente que nuestras tropas deben adoptar una actitud dura de asesinos implacables, si van no sólo a sobrevivir, sino a ganar estas batallas”.
De la misma manera, en la supuesta lucha contra insurgente, en Centro América y América Latina, ha actuando este fenómeno paramilitar imponiendo terror, y amparándose en la impunidad y complicidad de muchos de nuestros gobernantes. Genocidios como el que sufrió Colombia con la Unión Patriótica (UP), un partido de izquierda democrática, en donde el exterminio dejó a cinco mil de sus militantes asesinados y desaparecidos es una verdadera tragedia que debe ser esclarecida y no dejar caer en el olvido.
La responsabilidad del Estado colombiano por acción u omisión es a penas inobjetable. Masacres como la de Mapiripán (Meta) solo fueron posibles gracias a la intervención de militares quienes prestaron apoyo logístico y de inteligencia pues como se ha sabido los paramilitares fueron trasladados desde Antioquia en aviones del Ejército colombiano.
Ni hablar de los escándalos en los denominados “Falsos Positivos”, que no son más que crímenes de Estado contra civiles inocentes, los cuales se pretendieron mostrar como triunfos de las fuerzas militares en la lucha contra la guerrilla y los grupos ilegales. Tristemente hemos visto quedar libres a militares que asesinaron a tantos jóvenes, y como si fuera poco las madres de estos jóvenes asesinados ahora son perseguidas y amenazadas para que no denuncien. Mientras tanto Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa del presidente Uribe y responsable de estas desapariciones se perfila para la presidencia de la república.
La contundencia de la realidad ha hecho que sean las organizaciones sociales, el Movimiento Nacional de Víctimas (MOVICE), organismos de derechos humanos, y la sociedad civil en general, quienes desde el inicio del proceso de desmovilización de estos grupos armados, sientan un gran rechazo a la Ley de Justicia y Paz que ha promovido el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Ante los pobres resultados de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el cuestionamiento a una real voluntad del gobierno que invierte más recursos y atención en los victimarios que en las víctimas, se produce la sensación casi generalizada por parte de las víctimas, que sí desean lograr una “Verdad, Justicia y Reparación” deben organizarse y seguir luchando, como lo vienen haciendo con el apoyo de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales, a nivel nacional e internacional. Y sobretodo saliendo a las calles para denunciar los crímenes y sensibilizar a la sociedad civil, como sucedió con la marcha del 6 de marzo de 2009 en Bogotá, encabezada por Iván Cepeda.
Por último creo urgente la necesidad de que actúe la justicia para que los responsables paguen por sus delitos.