CRISIS AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA POR ENTREGA DE PTAR EN MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA

Por: Jenny Grillo, MZO
Fecha de publicación: 19 de octubre de 2012.
 

Una de las PTAR que recibirán los municipios de Cundinamarca, en total estado de abandono desde la época invernal pasada. Foto: MZO

Los ciudadanos de los municipios cundinamarqueses están preocupados con la situación de la entrega de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR's) por parte de la Corporación Autónoma Regional (CAR) a las alcaldías territoriales en donde operan las mismas. La situación ahonda en la crisis financiera no sólo de los entes administrativos, sino de la propia ciudadanía que se encuentra a la expectativa acerca del incremento en los costos del servicio de acueducto y alcantarillado a razón de la operación de las PTAR.

La situación que tomó por sorpresa a los habitantes de la cuenca del río Bogotá se originó a raíz de una serie de hallazgos administrativos de la Contraloría General de la República publicados el pasado13 de agosto de 2012, en donde advirtieron que la CAR no debería estar operando las PTAR, ya que la entidad “no es un prestador de servicios públicos domiciliarios”, garantía que debería ser adjudicada por inercia a las empresas municipales de acueducto y alcantarillado (comunicado completo). Aprovechando los resultados de la Contraloría, la CAR puntualizó una fecha de entrega a los municipios de las PTAR (tecnologías que la Corporación viene operando desde hace tres décadas a través del contratista CONHIDRA), para el pasado 8 de octubre; una decisión unilateral tomada por su actual director Alfred Ballesteros.

Pese a que muchas administraciones no contaron ni cuentan con los recursos técnicos y económicos para saber el estado de las Plantas, la mayoría terminó recibiendo en la fecha acordada una infraestructura para la supuesta descontaminación de las aguas residuales que no venía cumpliendo con los estándares nacionales de calidad para su vertimiento en el río Bogotá; y que por tratarse de tecnología de diversa índole, una buena parte de las mismas ni siquiera está actualizada, no opera a cabalidad o está en un mediano uso o en total desuso.

Sin embargo, cuatro municipios no recibieron las PTAR, algunos conscientes de la magnitud del problema que pueden estar aceptando, por no tener suficiente presupuesto para su inminente funcionamiento, o hasta no tener certeza del mismo, y se adelanten estudios técnicos sobre su operación; éste es el caso de Bojacá, Chía, Chocontá y Facatativá.

En Bojacá, la alcaldesa Ana Eliana García, apoyada por la comunidad (en específico la veeduría municipal del río Bogotá, quienes también relacionaron una carta al director de la CAR hace un par de días), decidió tomar su tiempo para pensar el impacto de lo que puede acarrear esta acción. Sin embargo, la CAR publicó el día de vencimiento del plazo, el pasado 8 de octubre, un comunicado que para la población afectada se constituye en una afrenta a las responsabilidades que la entidad debe desempeñar. Dice el comunicado que la CAR, en cabeza de su director, “advirtió que por la irresponsabilidad de los alcaldes de los municipios de Chía, Bojacá, Chocontá y Facatativá de recibir las planta de tratamiento de aguas residuales estos municipios se verían expuestos a una emergencia ambiental.” Advierte la CAR que desde ese día dejó de operar las PTAR de todos los municipios, y, sin cumplir su papel benefactor del cuidado ambiental, amenaza que los municipios en donde no se recibió la infraestructura “se verán expuestos a que las aguas residuales (negras) de dichos municipios se desborden de los pozos por donde circulan y se pasen a los barrios aledaños a donde se encuentran estos pozos, provocando una emergencia ambiental de magnitudes.” (Nota de prensa de la CAR) Para muchos pobladores esta declaración constituye claramente el delito de constreñimiento, pues se está amenazando con la ocurrencia de una catástrofe si los municipios no cumplen con las exigencias autoritarias de la CAR.

Por otro lado, en varios municipios, los alcaldes ya empiezan a anunciar por medio de la radio comunitaria que al recibir la PTAR se incrementarán los costos del servicio de acueducto y alcantarillado, y que esto se hará de manera ascendente durante los próximos cinco años (Declaraciones de alcalde de Funza). De esta manera, ya se empiezan a cumplir las predicciones que en materia de afectación económica tendrá el costo de la operación de plantas que para muchos no están cumpliendo su fin: “se lava el presupuesto, pero no se limpia el agua”, anuncian algunas fuentes. Y aunado a ello, las disposiciones progresistas sobre la garantía del mínimo vital gratuito de agua se esfuman, cuando en vez de garantizar una cuota de autoabastecimiento mínimo y subsidiado a las poblaciones menos favorecidas, aún a estas se les incrementarán los costos para subsidiar infraestructuras, a las cuales no se les conoce públicamente su importancia en el rol de sostenibilidad medio ambiental (Estado actual de las PTAR en Cundinamarca).