Por: MODEP, Sintraemsdes, Congreso de los pueblos, Ambientalistas Populares, Observatorio Ojo de pescado, Chinampa, Sindicato de balastreros de Risaralda, Comité pro defensa del territorio, Colectivo María Cano, Universidad sin fronteras, PUP, Colectivo cultural Itinerante latinoamericano, Minga, FUN-Comisiones.
Fecha de publicación: 16 de julio de 2013.
Areneros de Risaralda. Foto: cortesía de Velgut.
Las organizaciones sociales, políticas y sindicales firmantes reunidas los días 30 de junio y 9 de julio en la ciudad de Pereira analizamos la actual situación de la minería en el país en general y las condiciones de los mineros pequeños, medianos y artesanales en particular. Abordamos las consecuencias de la actual política minera: las políticas de despojo del territorio, los impactos ambientales causados por la gran minería trasnacional, y la pérdida creciente de la soberanía nacional como consecuencias del plan de las clases dominantes para convertir a Colombia en plataforma de inversión imperialista de multinacionales y grandes capitales a nivel internacional.
Quienes viven de la minería artesanal y de la extracción de minerales a pequeña escala son humildes familias, que han sacado sus vidas y a sus hijos adelante a través de esta actividad económica que en muchos casos significa también una práctica cultural ancestral. Sin mencionar un tremendo riesgo para la integridad física de los trabajadores que tienen en esta peligrosa actividad la única fuente de sustento, en un país que como el nuestro nunca ha generado oportunidades reales de empleo a sus ciudadanos.
La implementación de la legislación minera vigente y los requisitos exigidos para la formalización de productores pequeños, medianos y artesanales no favorece en modo alguno la resolución de los problemas de los trabajadores y sus familias, no plantea el acompañamiento del Estado para sustituir el uso del mercurio y otras sustancias contaminantes o disminuir los riesgos de la explotación minera para los trabajadores, no asume la responsabilidad de otorgar condiciones materiales para la formalización y regulación del sector, sino que favorece la expansión de los mega monopolios y propicia el aumento exponencial de sus ganancias, a través de la destrucción de la competencia que representan los productores nacionales a los que declara ilegales porque no cumple con requisitos absurdos que están por mucho fuera de las posibilidades de los productores y trabajadores.
Es por ello que hacemos manifiesto nuestro total apoyo a las justas reclamaciones que realiza este sector, apoyamos sus demandas frente a las planes de despojo – permisivos, proclives y funcionales a la acumulación capitalista -, especialmente en lo que concierne a la exigencia de derogatoria del decreto 2235, que criminaliza esta actividad y pone el territorio, nuestros trabajadores y recursos naturales en bandeja de plata a las multinacionales y sus voraces apetitos; igualmente respaldamos la lucha contra la gran minería trasnacional que acaba con las bases materiales de la vida y la soberanía.
Nos oponemos a la descarada entrega de los suelos a las grandes compañías extranjeras como Cordillera Gold S.A.S, Myma, Barrick, Codelco, GoldFrancis Co, Anglo Gold Ashanti… pasando nuestra soberanía a manos de extranjeros que arrasan con la vida y la historia de los pueblos, que devastan los territorios, dejan irrecuperables las tierras y dañan permanentemente las fuentes de agua.
El 17 de julio en la jornada de movilización que marca el inicio del paro nacional minero, nos pronunciaremos y marcharemos en apoyo a los más de 2 millones de mineros y sus familias, contra la entrega de la soberanía y en defensa de los recursos naturales, en contra de la política de Juan Manuel Santos que defiende a los grandes monopolios imperialistas, pone en riesgo las bases de la vida de los colombianos y profundiza el despojo y la miseria de nuestro pueblo.
Denunciamos lo que consideramos una absurda maniobra del gobierno nacional contra las comunidades que habitan Marmato, Caldas. La medida de la declaración de zona de riesgo en la que se encuentran los marmateños lejos de proteger a los pobladores favorece la oscura intención de desplazarlos para la vereda El Llano, dejando el camino libre a la multinacional Medoro Resources que pretende apropiarse de la veta de oro que allí existe, respaldamos a la comunidad de Marmato en su justa lucha por la defensa de su territorio, sus tradiciones, su forma de vida y sustento frente a la locomotora minero energética del actual gobierno
De igual forma nos oponemos al atropello que se viene cometiendo contra 500 familias areneras del rio Cauca en La Virginia, Risaralda, en donde se les pide un titulo minero negado por las distintas administraciones de ese municipio en lo que es claramente una política que favorecerá los intereses de una minoría.
Denunciamos las condiciones inhumanas a las que se someten los trabajadores para poder subsistir, es el caso de la minería hecha por cúbicos en donde se arriesga la integridad de estas personas. Hacemos un llamado para que el Estado en vez de criminalizar y destruir sus rudimentarios medios de producción materiales, garantice condiciones para mejorar sus realidades y las de su hábitat priorizando el desarrollo local, endógeno, en favor del las comunidades y el medio ambiente.
Recogiendo los planteamientos emanados de escenarios como la conferencia mundial de trabajadores mineros reunida en Arequipa (Perú) y el Congreso nacional de tierras, territorios y soberanía proponemos a otras organizaciones y personalidades la realización de un tribunal popular que juzgue la actuación de los mega monopolios contra la vida, los trabajadores, los territorios y la soberanía, y que exija la derogatoria del decreto 2235, así como la revisión integral y democrática de la legislación minera, que actualmente sólo favorece a un puñado de compañías y sus intereses.
Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos, y todas las organizaciones del pueblo para que acompañen, rodeen y respalden de todas las formas posibles el paro nacional minero; a que monitoreen esta movilización, y a que nos opongamos a todas las formas de estigmatización y criminalización de la protesta popular, pues en aras de destruir cualquier tipo de oposición, las clases dominantes están dispuestas a todo como hemos visto claramente en el Catatumbo.
Los días y meses por venir son tiempos en los que veremos crecer y avanzar la lucha del pueblo y las comunidades por mejores condiciones de vida, derechos, soberanía, en suma por una Colombia libre, prospera soberana y democrática.