CRIMINALIZAR LA PROTESTA Y EL INCONFORMISMO PARA "SECURITIZAR" LA UNIVERSIDAD.

Frank Molano Camargo

Docente de la Licenciatura en educación básica con énfasis en Ciencias Sociales, Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”

Una nueva campaña de ruido y miedo se ha puesto en marcha contra la Universidad Pública. El miércoles 9 de septiembre la senadora del partido de la “U”, Gina Parody dio a conocer, a través de los grandes medios de comunicación, una serie de videos (alrededor de 31 y colgados en You Tube, según el periódico El Tiempo) que se convierten en la más clara prueba, en el archivo y pieza clave que demuestra que la universidad pública no debe existir, que la libertad y la democracia no son compatibles con la seguridad, en fin, que la democracia amenaza la seguridad. Tanto la senadora como los noticieros se encargaron de repetir el trillado argumento que la guerrilla se está tomando la Universidad Pública, en este caso la Universidad Distrital “sin que nadie tome medidas para evitar que esto se lleve a cabo" (El Tiempo, 9 de septiembre, versión electrónica), insinuando que las directivas encabezadas por el rector de la Universidad Distrital, Doctor Carlos Ossa Escobar, son complacientes con tan “amenazante situación”.

Es evidente que la derecha colombiana, empotrada en la dirección del Estado está interesada en soslayar las causas que originan la conflictividad, los movimientos sociales y la protesta social. Esto está ocurriendo con el tratamiento que el Estado y los grandes medios de comunicación hacen de las protestas realizadas por el movimiento indígena, el movimiento sindical, el movimiento campesino, las comunidades desplazadas y por supuesto el movimiento universitario.

La lógica que acompaña esta tendencia es la criminalización, como patologización de los comportamientos disidentes existentes en la sociedad,  la apelación al tratamiento de indeseables y la justificación de las medidas de terrorismo estatal y paraestatal para frenar la inconformidad. La criminalización se genera en medio de campañas de opinión pública con las que se estigmatiza a los sujetos que se quiere reprimir. Este discurso de la criminalización es el que produce eventos como los falsos positivos en los que aparecen campesinos asesinados por la “fuerza pública”, uniformados como guerrilleros; los mensajes de la propaganda gubernamental para señalar a los indígenas y campesinos como “criminales y terroristas” por cultivar la “mata que mata”, la coca, desconociendo que estas comunidades ante la negativa de reforma agraria, se han visto obligados a cultivar la coca, o lo hacen con fines medicinales y rituales milenarios; en los señalamientos del vicepresidente Santos que insinúa, ante el fallo que encontró responsable al ejército colombiano por el asesinato de tres dirigentes sindicales en Arauca, que es legítimo matar colombianos, si se tiene indicios de sus relaciones con la insurgencia; la persecución racista-derechista contra todo acto y palabras de Piedad Córdoba, por ejemplo el uso (hoy al parecer prohibido) de los conceptos de Subversión y Rebeldía del recientemente fallecido sociólogo Orlando Fals Borda; aún más, del aberrante espectáculo del ESMAD agrediendo desplazados, por el hecho de ocupar y protestar pacíficamente en uno de los íconos de la elite capitalina: el parque de la 93. Patéticamente mientras los medios mostraban la brutalidad policial, decían que estaban protegiendo a los niños de los abusos de sus “desalmados padres”.

En Bogotá y en la Universidad Pública, todo indica que el régimen quiere controlar y disciplinar espacios que no considera suficientemente seguros, desconfiando de las alcaldías no totalmente uribizadas y de las administraciones universitarias independientes. Estamos pasando de la criminalización a la política de “Securitización”. La securitización es la “inscripción de temas en la agenda de seguridad como consecuencia de la incapacidad o (falta de) voluntad política de abordarlos dentro de los marcos políticos y jurídicos normales”^[1]. Se trata de la ampliación del concepto y la agenda de seguridad a aspectos que deben ser abordados en el ámbito de lo político, económico, social y ambiental. Está demostrado que el auge de las políticas de “securitización” no resuelve los conflictos sociales, sino que los aumenta al promover como contrapartida la proscripción de la posibilidad de disentir, impedir el acceso de las personas al goce de sus derechos civiles y políticos, así como a los derechos sociales económicos y culturales.

En el caso de la Universidad Pública, es claro el proyecto hegemónico: criminalizar, securitizar y mercantilizar. La alarma generada por la senadora uribista Gina Parody y por los grandes medios masivos de intoxicación, hace parte de una campaña orquestada desde años atrás para dar al traste con la idea de autonomía universitaria, pieza clave de un Estado de Derecho. El mensaje es transparente, a la problemática de la Universidad Pública, en este caso a la Universidad Distrital se le debe dar un tratamiento exclusivamente o preferencialmente policial.

Ya en otro documento[2] analicé cómo el modelo que busca reemplazar la universidad pública está siendo impulsado por dos fuerzas complementarias: el mercado y la “seguridad democrática”. Y cómo este modelo se articula desde tres dispositivos de desmonte de la universidad pública que operan como instrumentos y lógicas de ordenamiento y producción de una manera distinta de ser y hacer en la universidad. Tales dispositivos son:

- Criminalización: tratamiento del universitario disidente como enemigo interno, como “otro” peligroso

La disidencia se entiende como infiltración externa “que provoca en el organismo social un tumor, un cáncer, que debe ser extirpado, es decir, eliminado, suprimido, aniquilado”. [3] Se asume como campo enemigo el espacio universitario y como enemigos internos a los universitarios.

- Despolitización: espacios y tiempos universitarios gestionados “eficiente” y tecnocráticamente

Con la transferencia de las lógicas de la universidad privada a la dinámica de lo público, con el argumento de que la tarea básica y única del sistema universitario es aportar a la formación de recursos profesionales que incidan en el desarrollo económico nacional.

La despolitización del espacio universitario y su reemplazo por la eficiencia, reduce la relación social del estudiar al esencialismo instrumental de “recibir clase”. Por eso se perciben como contrarias a la universidad las posturas críticas, los murales, las asambleas, mítines, las marchas.

- Mercantilización: el sistema universitario se convierte en un servicio comercializable.

Un primer elemento de la mercantilización es la reorientación de la financiación del sistema público universitario, la “Visión 2019” de Uribe Vélez afirma que la universidad pública es “financiada atendiendo a criterios históricos, que son insensibles al desempeño de las instituciones, a su grado de eficiencia, a la pertinencia de sus programas, a los resultados de la acreditación o a cualquier otro factor que pudiera inducir a las universidades a mejorar su desempeño. Este financiamiento inercial (con un aumento automático del gasto de año a año, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 30 de 1992) hace que el estado entregue recursos pero no tenga control sobre ellos”[4]. Esto es justificado con el argumento que el sistema de financiación favorece la inequidad: los estratos altos van a las instituciones oficiales y los bajos a las instituciones privadas.

Un segundo elemento de la mercantilización es la creación de un mercado educativo que atienda a las necesidades del empresariado (los grupos monopólicos criollos y multinacionales). La educación superior debe ofrecer programas “como respuesta directa a las necesidades del sector productivo”, estructurando los currículos por competencias en los programas técnicos y tecnológicos.

A estos tres dispositivos, se le debe sumar la política de “Securitización”, en el sentido planteado con anterioridad.

Ante esta arremetida, volvemos a insistir junto al movimiento social por la defensa de la universidad pública, que el reto es la defensa de la existencia de la universidad como espacio social construido como público, democrático, laico, pluralista, abierto al pensamiento universal y a los otros saberes, una universidad que propugne por nuevos modelos en la gestión, la academia, la investigación, la relación con la sociedad y el mundo, como postura capaz de confrontar la mercantilización y con la exigencia al estado y a las directivas universitarias del respeto a la vida, a la libertad de pensamiento y a la libertad de organización y movilización.

Septiembre de 2008