Por: Sergio Vargas, opinión.
Fecha de publicación: 4 de junio de 2012.
Los reiterados abusos de autoridad que no solamente rayan con la criminalidad sino con la violación sistemática de los derechos humanos, por parte de la policía nacional, no reflejan casos aislados del aparato represivo que representa la institución sino la directriz general, la política pública, de la misma. No pasa un día sin que la autoridad legal no cometa hechos deleznables, crímenes, corrupción, golpizas, e incluso asesinatos, no contra los demás delincuentes, sino contra la misma población civil. Hechos mediáticos como los ocurridos la semana pasada no deberían pasar desapercibidos por una sociedad crítica. Recordemos sólo tres: uniformados quemaron vivos a las mascotas de recicladores al sur de Bogotá (click Aquí); con golpiza recibieron a mujer que pretendía denunciar abuso sexual (click Aquí); e incluso los jóvenes adscritos a la policía también son víctimas, como lo denunció en días pasados un auxiliar víctima de un superior en el municipio de Funza, Cundinamarca (click Aquí).
Cabe rescatar importantes preguntas a los lectores frente a estas situaciones: ¿se indignan con estos hechos? ¿Cuál es su grado de tolerancia con la policía nacional? ¿Merece la policía nacional ser tratada con el mismo rango con el cual nos dirigimos a las bandas criminales y ejércitos ilegales? Sólo enumeraremos otros casos en los que han estado involucrados miembros de la policía nacional y de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado en crímenes y asesinatos contra la población civil. Esta es una píldora para la memoria, una cita con la historia, un ataque contra el olvido, porque no olvidamos y no perdonamos:
El 31 de agosto de 2010 fue asesinado Jesús Raúl Pinzón por un funcionario del DAS en la ciudad de Girardot. En su momento RCN informó de esta manera el suceso: click Aquí.
El 5 de julio de 2011, un policía en Chía (Cundinamarca) disparó a Juan Gabriel Cifuentes por la espalda, por lo cual el joven estuvo 3 meses en coma. Dary Rodríguez de Radio Sante Fe publicó de esta manera la nota:
“Un giro en su vida de 180° grados enfrentó Juan Gabriel Cifuentes de 23 años de edad, estudiante del Sena y de la Casa de la Cultura de Chía. La historia comenzó el 26 de junio pasado en las calles de este municipio. Juan Gabriel, un joven amante de las artes manuales y del deporte, vivió una situación que nunca imaginó. Todo ocurrió en minutos, cuando un patrullero de la policía le pidió los papeles de la bicicleta en la que se transportaba. El joven al no tenerlos, aumentó la velocidad y trató de huir. Casi de inmediato el policía disparó su arma de dotación. La bala impactó en la vena femoral de su pierna derecha. La familia denuncia que el joven sólo vino a ser atendido nueve horas después en el Hospital de La Samaritana, ubicado en el sur de Bogotá. El tiempo perdido se hizo notar. Juan Gabriel se desangró. Fue necesario amputarle la pierna herida.
Juan Gabriel aún no lo sabia. Llevaba una semana en coma, asistido por un respirador artificial y los médicos temian que la pérdida de sangre le haya provocado la muerte cerebral. Según la doctora María Teresa Ospina de la unidad de cuidados intensivos de La Samaritana, “los paros respiratorios que ha soportado Juan Gabriel en dos semanas habrían afectado gravemente sus funciones cerebrales”.
El comandante de la Policía de Cundinamarca, Coronel Fabio Castañeda, admite que el procedimiento del patrullero agresor fue precipitado y anunció una investigación disciplinaria para establecer los pormenores de los hechos. Sin embargo la familia va más lejos. Ya anunció que interpondrá todos los recursos legales para evitar que este nuevo hecho de abuso de autoridad se quede en la impunidad. “El policía responsable del hecho llama a la casa a hablar con mi mama, no puedo creer que una persona así esté tan relajada después del daño que ha causado en la familia”, sostiene Johanna Cifuentes, hermana mayor de Juan Gabriel.”
El 19 de Agosto de 2011es asesinado por la espalda Diego Felipe Becerra de 16 años de edad. Así lo informó CityTv entonces, pese a que creían más en las fuentes de los asesinos:
El 25 de noviembre de 2011 es asesinado un joven en Guapi, Cauca. Un teniente le disparo por la espalda en la cabeza. Notimundo informó así en su momento sobre este insuceso:
“Como resultado de las múltiples heridas propinadas por la Policía el joven John Fredy Vidal, de 16 años murió este 23 de noviembre de 2011, en la ESE de Guapi. Los proyectiles le destruyeron el craneo, según el parte médico.
El asesino fue identificado como el teniente Avit Pino adscrito a la estación de policía de Guapi. El brutal crimen originó que los pobladores se trasladaran espontáneamente al puesto de policía a protestar.
Desde ese momento hasta el atardecer del 24 de noviembre, la comunidad se encontraba en asamblea y en paro cívico indefinido. Todo el comercio, las instituciones, escuelas y colegios y demás establecimientos públicos cerraron sus puertas, según reportó a Notimundo voceros de Cococauca.
La respuesta de la Policía ante las justas protestas de la población fue la agresión con garrote y gases lacrimógenos.
La víctima era un joven muy humilde miembro de una familia bastante pobre y se ganaba la vida conduciendo una carreta halada por caballo, en la que hacía acarreos, transportaba víveres y materiales de construcción.
A pesar de su corta edad, John Fredy trabajaba para el sustento de la casa. Testigos presenciales de los hechos manifestaron que el joven se dirigía en su carretilla cuando se encontró con una patrulla de la Policía estacionada en la mitad de la calle.
El joven les pidió el favor a los uniformados que le dejaran un campito para pasar con su medio de sustento pero los policías lo hicieron bajar de la carreta, lo requisaron y lo amenazaron, lo que causó que el muchacho se asustara y saliera corriendo.
Los policías lo persiguieron y entre los barrios de las Palmeras y las Américas le propinaron varios disparos, varios de ellos en la cabeza, lo que le causó la muerte a pesar del esfuerzo de los médicos.
El comentario generalizado de la gente es que fue un asesinato premeditado, ya que en otra ocasión había discutido con una agente de policía y por ese hecho lo tenían sentenciado, informó a Notimundo Cococauca.
La gente indignada por el atroz crimen salió espontaneamente a protestar y rechazó las permanentes amenazas de muerte de parte de la Policía contra los jóvenes e Guapi, sobre todo a los que no se han dejado reclutar por las bandas paramilitares, que continúan sembrando el terror en la zona sin que la Fuerza Pública haga nada.
Personas que pidieron el anonimato de sus identidades denunciaron que, "es sabido que en Guapi hay sectores de la Policía y del Ejército que tienen una alianza con paramilitares, Los Rastrojos y las Águilas Negras, quienes controlan el negocio del narcotráfico en la región".
La comunidad está exigiendo desde hace rato garantías a los derechos humanos y actuación de las autoridades y de organismos de control ante la escalada de violencia, sin que estas cumplan con sus deberes constitucionales para proteger a la población.
La comunidad solicita una comisión de alto nivel del gobierno nacional y departamental con presencia de un ministro y el vicepresidente Angelino Garzón, en la cual se aborden los temas sobre las continuas violaciones de los derechos humanos.
Así mismo los pobladores hicieron un llamado urgente de solidaridad y acompañamiento a la comunidad nacional e internacional, para que insten a las diferentes esferas del gobierno a que garanticen la vida y la integridad de los habitantes de Guapi y para que se combata efectivamente a los paramilitares.””
El 29 de enero fue asesinado el joven de 17 años Omar Martinez en Bosa. Noticias Caracol lo reportó así:
El 7 de febrero de 2012 es quemado un menor de 15 años en Bogotá. También Caracol lo informó, pese a su tergiversación:
El 1 de abril de 2012 asesinado franklin Bonilla de 21 años, por la espalda en Arauca. La Fundación de derechos humanos Joel Sierra reprodujo así esta información:
“Nuevamente se presenta un hecho de sangre, donde la población civil resulta víctima de la fuerza pública. ¿Exceso en el uso de la fuerza? ¿Estrés por la guerra que vive el país? O más bien producto de la estigmatización del pueblo, donde toda persona de cualquier sector de la comunidad, es vista como el enemigo.
El joven Franklin Eliecer Franco Bonilla, de 21 años de edad, fue asesinado por miembros de la Policía Nacional, el día 1 de abril de 2012, en el sector conocido como zona de tolerancia, en el municipio de Saravena, aproximadamente a las 8:00 p.m.
Los hechos ocurrieron cuando Franklin se transportaba junto con un amigo en un vehículo Renault de servicio particular, al dar reversa golpeó una de las motos de los policiales, uno de los uniformados hizo algunos tiros, lo que motivó que el joven acelerara el vehículo, y los servidores públicos decidieron disparar en reiteradas ocasiones contra el rodante y uno de los proyectiles impactó en su humanidad. Fue trasladado a la unidad de urgencias del hospital del Sarare donde pese a la atención brindada se produjo su muerte.
No es la primera vez que humildes pobladores son asesinados en estas circunstancias, recordamos que el 17 de marzo de 2004, fue asesinado por miembros de la Policía Nacional en Saravena, el señor Luís Enrique Suárez Rojas y herida la joven Jimena Paola Acevedo Corredor, los hechos se presentaron a la altura de la calle 28 con carrera 14 cuando los policías que estaban en esa zona, sin justificación alguna, empezaron a disparar indiscriminadamente contra el automotor, causando la muerte inmediata a Luís Enrique y heridas en un brazo a Jimena. Crimen que aún se encuentra en la impunidad.
De otra parte, esta Fundación conoció que en la vereda El Remolino del municipio de Saravena, fue asesinado con proyectiles de arma de fuego el joven Wilmer Hernández Mosquera, de 21 años de edad, el día 1 de abril del presente, sin que se sepa sobre autores o móviles de esta muerte.”
Con estas razones, con nuestras certezas, con lo acontecido la semana pasada, con lo que sigue sucediendo, la comunidad ya no puede permitir ni siquiera un depuramiento de la institución sino la eliminación de la policía en sí, ya que sus crímenes permiten denotar que detrás de ellos parece existir más una política institucional, es decir una directriz oficial de represión masiva, que unos simples errores operacionales o en servicio. ¿Cierto que tantos abusos de autoridad denunciados de sopetón causan indignación? No es lo mismo si nos lo cuentan los medios de comunicación a cuentagotas de sangre derramada. ¿Será que tamaños delincuentes merecen fuero especial al momento de ser juzgados?
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Y al terminar esta nota, y puesto que lamentablemente no pasa un solo día sólo día sin noticias de abuso policial, los medios han informado de que el fin de semana un policía borracho atentó contra sus propios hijos y su esposa con el arma de fuego de dotación (Click Aquí). Si no se hace algo seremos más los muertos que no podamos hablar, que la gente indignada y sometida por la represión.