SOLUCIONES REALES AL DRAMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA

PROPUESTA DE LOS TRES PASOS LANZA AL GOBIERNO NACIONAL LA POBLACIÓN DESPLAZADA QUE SOBREVIVE EN EL PARQUE DEL TERCER MILENIO CONDENADA A LA INDIGENCIA EN LA CAPITAL COLOMBIANA.

“Nos olvidamos de preparar un ser para ser él, que supiera que lo fundamental que hay en este mundo es su existencia; que no hay nada, ni ahora, ni antes, que lo pueda sustituir. Que lo importante de vivir está en su especificidad, el deber que tiene cada persona de participar con su diferencia, en el proceso social de la comunidad.” Germán Zabala Cubillos. La paradoja de la diferencia.

Con miras a lograr una solución real y definitiva a la crisis humanitaria que representa el desplazamiento forzado en Colombia, los desplazados que se ubican en el Parque Tercer Milenio, han propuesto como alternativa de solución al drama que viven, una estrategia denominada “La Propuesta de los tres pasos”

1. Respuesta inmediata a la emergencia humanitaria.
2. Acomodamiento.
3. Ejecución.

Paso 1. Respuesta inmediata a la emergencia humanitaria. Este punto comprende cuatro aspectos: Vivienda digna temporal, capacitación técnica laboral, atención psicosocial y manutención.

Todas las familias desplazadas deben ser ubicadas durante cinco meses en sitios provisionales pero dignos, es decir que estén dotados de la infraestructura y los insumos necesarios para poder habitar allí en condiciones apropiadas de salubridad y acceso a servicios públicos.

Vivienda provisional: Se deberán ubicar edificios, casas y construcciones de tipo habitacional para que puedan ser ocupados por las familias desplazadas en condiciones de dignidad, comodidad y donde se cuenten con los servicios públicos necesarios. Del mismo modo como en su momento el gobierno fue tan diligente en acomodar a los victimarios, los lideres de los desplazados, como mínimo, exigen iguales beneficios y un tratamiento de acuerdo a las condiciones sociales, emocionales, y económicas de los beneficiados. El Estado asumirá los costos de servicios públicos en su totalidad. Paralelo a la asignación de viviendas transitorias, el gobierno pondrá en marcha un plan de construcción de viviendas de calidad para todas las familias desplazadas en zonas aptas para residir, a través de la Federación de Vivienda que se considere apropiada y cuenta con la suficiente experiencia para impulsar este proyecto con las garantías requeridas. Puede tratarse de un conjunto residencial que cuente con comedores comunitarios, centro comunal, guardería, zona de recreo, zona verde, zona de comercio y un templo.

Capacitación: Se pondrá en marcha un plan de capacitación durante estos cinco meses, en los cuales los adultos tomarán clases en oficios efectivos que cuenten con opciones reales de desarrollo y que conlleve un plan futuro de comercialización de los productos que se fabriquen. Este programa se llevara cabo de manera permanente y será coordinado por expertos en las áreas seleccionadas, que pueden ser: Manufactura de artesanía, culinaria, panadería y repostería, comercio y ventas, agroindustria, mecánica, tejidos, informática, secretariado, peluquería y belleza, etc.…

Asistencia Terapéutica: La población desplazada ha sido victima de vejámenes, violencia, maltratos, persecuciones, desapariciones y asesinatos de familiares y muchos cargan con secuelas tanto físicas como mentales y emocionales. Por tanto además de las capacitaciones técnicas laborales, necesitan apoyo profesional para poder sanar sicológicamente. Por tanto, urge la implementación de talleres grupales y trabajo individual con sicólogas calificadas con capacidad de atender personas con efectos post traumáticos y expertos en trabajo con niños victimizados. Estas terapias serán permanentes, de acuerdo a las evaluaciones que se realicen para cada caso, y sus costos serán asumidos por el gobierno nacional. También será necesario abrir espacios para el sano esparcimiento tanto de niños como adultos.

Manutención: El Estado se compromete a asignar un pago mensual equivalente a un salario mínimo vigente, durante ocho meses a cada una de las personas desplazadas (cinco meses en vivienda temporal y tres en vivienda propia). Estos pagos deberán ser consignados en cuentas bancarias que se faculten a través de gestiones oficiales para cada persona. Ningún desplazado seguirá siendo sometido a tratos inhumanos en Acción Social mediante la realización de filas de más de 24 horas bajo el sol y la lluvia. El Estado colombiano también se comprometerá a afiliar al seguro médico a cada una de las personas desplazadas, a garantizar atención permanente, y a costear los exámenes y tratamientos que se requieran para lograr un buen nivel de salud y poder superar las afecciones que les deja la marginalidad a la que han sido sometidas. Así mismo entregará mercados mensuales que incluya lo esencial de la canasta familiar, productos de aseo y de belleza, medicamentos, y los insumos requeridos para ocupar una vivienda, tales como electrodomésticos, mobiliario, implementos de cocina, etc., a cada familia durante ocho meses

Los niños serán matriculados en escuelas oficiales, contarán con uniforme, útiles escolares, alimentación y transporte proporcionados por la administración distrital o el gobierno nacional. Los jóvenes serán matriculados en centros de validación de estudios si es el caso, o en escuelas donde puedan culminar sus estudios secundarios o en su defecto, podrán iniciar carreras técnicas o universitarias en Universidades públicas, sin necesidad de presentar Icfes o pruebas de admisión. El Estado asumirá sus costos de estudio durante el tiempo que se requiera para culminar los estudios de bachillerato o la carrera elegida.

Funcionarios de un organismo a determinar, con veeduría permanente, realizarán inspecciones frecuentes en los sitios destinados como habitación temporal de la población desplazada de modo que se verifique el cumplimiento de las partes, en cuanto a asistencia a talleres, cumplimiento de las disposiciones médicas y acuerdos de convivencia y obligaciones del Estado.

Frente a las personas de la tercera edad, el Estado se compromete a consignarles a perpetuidad una pensión de dos salarios mínimos, a asegurarles vivienda propia, a prestar asistencia médica mediante afiliación al seguro social y servicio de acompañamiento en caso de requerir para su traslado o dentro del hogar de acuerdo a cada caso y necesidad. Así mismo se garantiza el cubrimiento absoluto de medicamentos, tratamientos y exámenes de control que requieran. También se les asignará un subsidio de transportes. A cada persona de la tercera edad se le entregará un carnet que lo acredite como tal y con el cual recibirán atención prioritaria en centros médicos, hospitales, se los exonere de hacer filas en bancos, corporaciones, supermercados, cinemas, sitios públicos o privados y también contarán con una chequera de movilización de modo que puedan hacer uso del servicio público de transporte o de taxis completamente gratis. Las empresas de taxis a las que se solicite este servicio, la ley las obligará a prestar el servicio de manera diligente y cordial.

Fase dos. Acomodamiento.
Los puntos a desarrollar son: Vivienda de calidad en conjunto residencial o en su defecto mediante restitución de tierras aptas para el agro, la implementación de un centro de desarrollo empresarial, acceso a microcréditos, acompañamiento comercial, y campaña estatal para la difusión y promoción de los trabajos que realicen los desplazados, así como gestiones directas para su permanente comercialización.

Al culminar los cinco meses previstos para el desarrollo de la fase uno, se dará inicio de inmediato a la fase dos. En esta fase se contemplan dos opciones, las cuales serán aplicadas de acuerdo a la voluntad que exprese cada persona. Por un lado se deberá contar con un plan de vivienda ya terminado, que cuente con todas las garantías para una vida digna y en armonía, y que sea entregado en perfectas condiciones para ser habitado, las evaluaciones sobre calidad del terreno y seguridad de las viviendas serán realizadas por organismos exógenos al gobierno distrital o nacional. Este conjunto residencial deberá estar terminado en cinco meses y será el gobierno el que asuma los costos de traslados de cada una de las familias. Las familias que deseen retornar al campo, lo podrán hacer ingresando a un programa de restitución de tierras. Los terrenos que hagan parte de extinciones dominio, que sean administrados por la Dirección de estupefacientes, o los que fueron entregados por los jefes paramilitares como REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS, serán asignadas a las familias desplazadas con viviendas terminadas y dotadas de completa infraestructura y servicios públicos, considerando que deben ser aptas para que allí vivan familias compuestas por cuatro o cinco miembros. Cada terreno deberá cumplir con los requerimientos necesarios que lo califiquen como suelo apto para el desarrollo agrícola o de proyectos afines, además deberán estar saneadas fiscalmente, contar con lo necesario para ser habitadas, no tener embargos ni deudas de ninguna índole, garantizar servicios públicos y acceso de los niños a una escuela cercana. Igualmente deberán ser escrituradas a nombre de cada núcleo familiar o cabeza de hogar.

Centro de Desarrollo Empresarial: Tanto para las personas reubicadas en la ciudad o en el campo, se pondrá una marcha un programa de elaboración de los productos aprendidos durante los cinco meses de capacitación con acompañamiento permanente y sistema de control de calidad. Para esta fase de producción, los implementos, equipos, ingredientes y demás requerimientos, serán financiados por el Estado o en su defecto por algún organismo internacional con el cual se logré este tipo de asistencia. Las ganancias serán distribuidas así: 60% para la mano de obra es decir la población desplazada y fabricante de los productos y el 40% restante para un fondo de ahorro obligado del que podrán hacer uso en situación de emergencia las familias o en el momento de retiro forzoso. Cada trabajador será afiliado a un seguro de riesgos laborales y ante una eventual incapacidad será apoyado a través de un bono de asistencia que le permita vivir dignamente mientras es de nuevo es apto para el trabajo.

El gobierno se compromete a realizar una fuerte campaña de difusión y promoción a nivel nacional e internacional de los productos que fabriquen los desplazados, a asegurar su comercialización y de ser el caso, la exportación de buena parte de esos productos, a brindar todo el apoyo técnico necesario para la optimización de los recursos y la implementación de mejoras en los mismos. Si el Estado no encuentra clientes para los productos, asumirá la compra del 50% los estos durante los primeros seis meses; pasado éste tiempo, serán, con la debida asesoría, los desplazados quienes den inicio a su propia campaña de comercialización.

Fase tres. Ejecución.
Una vez las personas que fueron desplazadas cuenten con los insumos necesarios para constituirse en comunidades autónomas, iniciaran una vida independiente y responsable de su propia manutención. El Estado ya no les consignará las mensualidades acordadas para los ocho meses del proceso de inclusión, tampoco les asignará mercados, ni asumirá el pago de sus servicios públicos. Sin embargo, eventualmente les prestará servicio de avaluación comercial y laboral, sostendrá la asistencia psicosocial de acuerdo a las evaluaciones de los especialistas y su afiliación al régimen de salud y pensiones (este último opcional por parte del ciudadano)

Establecida la cadena laboral de producción y comercialización, las familias podrán asumir con autonomía y dignidad las riendas de su propia vida. Los centros de comercialización de sus productos serán dispuestos a nombre de una Cooperativa de familias desplazadas. La maquinaria y requisitos para la producción serán propiedad de la cooperativa. Para la compra de nueva maquinaria, se ofrecerán facilidades de crédito a cada persona con mínimas tasas de interés, así como para la compra de electrodomésticos y de otros equipos.

Anotaciones:
La población desplazada en víctima del conflicto armado debe ser reparada integralmente. Complementario a lo anterior, el Estado se compromete a pagar, como forma de reparación por las pérdidas materiales, los años de improductividad y cese laboral, así como por los daños emocionales, la suma que establece la ley de acuerdo a la infracción cometida y al tipo de victimización padecida. La Corte determinará los daños de cada caso y el monto económico de la reparación.

Las obligaciones pendientes ante entidades bancarias y de crédito por parte de la población desplazada antes de la victimización, serán saldadas por el Estado colombiano, teniendo en cuenta que la improductividad laboral, la salida abrupta de sus viviendas, el obligado abandono de sus fuentes de ingresos y los mismos hechos de victimización y vulneración de sus derechos fundamentales, impidieron el cabal cumplimiento de estas obligaciones.

Los ciudadanos desplazados que deseen cambiar de país de residencia y abandonar Colombia en calidad de exiliados, el Estado les brindará todas las facilidades y garantías para que puedan iniciar una nueva vida en el país escogido. Así mismo asumirá los procesos requeridos ante los otros gobiernos o los organismos de cooperación internacional que intervengan en este tipo de procesos.

El Estado reconocerá a las personas desplazadas como víctimas del conflicto armado, y procederá en consecuencias buscando las debidas garantías para lograr una reparación integral. Todas y cada una de las personas victimas del desplazamiento forzado, sin considerar el victimario, recibirán una indemnización de carácter pecuniario para daños materiales, pérdidas humanas y otra más por daños emocionales y morales conforme establece la ley colombiana, proporcionales al daño inferido. El objetivo de la reparación integral es que a todas las victimas les sean reconocidos sus derechos vulnerados; razón por la cual Estado colombiano está en la obligación de reparar integralmente a las víctimas de violencia sociopolítica, asignando una indemnización proporcional al daño causado por los crímenes de lesa humanidad cometidos. La reparación integral tiene como objetivo lograr la verdad sobre lo ocurrido, revelar los nombres de los autores materiales e intelectuales para promover la aplicación de justicia sobre los directos responsables (autores materiales e intelectuales), resarcir a las víctimas a través de la restitución, la indemnización y la rehabilitación, bajo garantías de no repetición.