DESPUES DE TRES MESES DE SER RECLUTADO DE MANERA ILEGAL JOVEN VUELVE A LA LIBERTAD

Por: El Macarenazoo
Fecha de publicación; 11 de febrero de 2014.

Foto: Archivo Acooc.

Tres meses después de haber sido privado de su libertad, por parte del Ejército Nacional, el joven Juan David Lozano Clavijo volvió al seno de su hogar en el municipio de Madrid, Cundinamarca. Se trata de un caso especial por la resolución del hecho que lo tuvo como protagonista de una detención ilegal por tanto tiempo a cientos de kilometros de su familia. Juan David fue secuestrado por las fuerzas militares y obligado a prestar servicio militar el pasado 10 de noviembre, cuando en el municipio de su residencia fue abordado por uniformados que le obligaron a subirse a los camiones que los militares tenían dispuestos en la calle, y en tiempo récord fue remitido al Guaviare en donde fue obligado a portar un uniforme del Ejército Nacional contra su voluntad, mientras los secuestradores le enseñaban a matar. Después de una tutela, un derecho de petición, y un habeas corpus interpuesto por su familia, el jóven por fin pudo reeencontrarse con su hogar el día de hoy. Sin embargo, nuevas denuncias deberá asumir el Ejército Nacional, por haber liberado el pasado fin de semana a Juan David y dejarlo a la deriva en San José del Guaviare, sin víveres, ropa ni dinero para su regreso al centro del país.

El Macarenazoo siguió de manera muy atenta el caso, y precisamente el pasado 1° de febrero había publicado un especial periodístico sobre el caso del joven retenido. Por ser de especial interés para los lectores y lectoras hemos adoptado el texto de la denuncia de entonces para mostrar lo especial de este caso (Artículo anterior):

Juan David Lozano Clavijo es un joven del municipio de Madrid que fue una de las víctimas del plan de reclutamiento ilegal que adelantó el Ejército Nacional en la sabana de Bogotá en los últimos meses del año pasado. Como él, decenas de personas fueron interceptadas por soldados en la calle, y obligados a subirse en los camiones militares en una práctica que la Corte Constitucional considera ilegal, y el alcalde de la principal ciudad colombiana, Gustavo Petro, la ha calificado como un secuestro simple. Juan David fue abordado por los uniformados el 10 de noviembre de 2014, y desde ese momento tuvo que padecer un calvario a cientos de kilómetros de su familia, en los departamentos del Vaupés y Guaviare a donde fue llevado contra su voluntad, para ser obligado a empuñar armas que no desea. La navidad y año nuevo, fechas especiales para cualquier ciudadano, las tuvo que pasar en lugares lejanos al contacto con los suyos. El caso de este joven es uno más dentro de cientos, en la escabrosa práctica del reclutamiento ilegal, tipo batida, que cometen las fuerzas militares.

Olga Lucía Clavijo, la madre del joven de 20 años, cumplidos en diciembre pasado, interpuso una acción de habeas corpus tendiente a que su hijo recuperase la libertad. El día 30 de enero el Juzgado Penal del Circuito de Funza decidió negar el recurso jurídico del habeas, que actúa precisamente para que las personas que han sido detenidas de manera arbitraria puedan recuperar sus derechos. El lunes 2 de febrero se impugnó la decisión firmada por Rosalba Bello López, juez en ese municipio, que al ver las pretensiones tuvo que aceptar el recurso legal interpuesto. Fueron varias las razones:

Primero, el joven resolvería su situación el 3 de diciembre de 2014, cuando tenía boleta de citación para presentarse en la Dirección de Reclutamiento de la Fuerza Aérea, ubicado en su lugar de residencia. Sin embargo, como ya se ha dicho, fue abordado ilegalmente por el Ejército en noviembre y obligado a incorporarse.

Segundo, su hermano Miguel Ángel Lozano Clavijo, para el momento de la batida, estaba prestando servicio militar. Aunque Miguel salió en diciembre, los documentos de incorporación de Juan David datan de noviembre del 2014. El literal a del Artículo 29 de la Ley 48 de 1993, “por el cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”, estipula que es causal de aplazamiento para la incorporación “ser hermano de quien esté prestando servicio militar obligatorio."

Tercero, Juan David tiene varicocele, una enfermedad que en la mayoría de casos es causal de exención para prestar el servicio militar.

Cuarto, el joven, reclutado de manera ilegal, declaró su condición de objetor de conciencia, desde el día que fue detenido por el Ejército, pese a que las fuerzas militares lo han negado. Hace dos semanas, justamente, se conoció la sentencia T-455 de 2014 de la Corte Constitucional, que dictamina que bajo esta nueva norma cualquier persona puede pedir que lo eximan de prestar servicio militar por objeción de conciencia en cualquier momento, antes o después de la inscripción, o incluso una vez haya sido acuartelado, como en este caso.

Juan David fue incorporado al Ejército Nacional en fecha del 10 de noviembre del 2014. Sin embargo, de manera curiosa, documentos que avalarían su decisión de pertenecer a las fuerzas militares datan de un par de días atrás, en momentos en que aún no había sido víctima de redadas. El Batallón de Selva No 52 Coronel José Dolores Solano, en cabeza de su comandante, el Mayor Jarol Cabrera Cornelio, redactó un documento al Juzgado de Funza en donde asegura que el joven fue incorporado el 5 de noviembre. La madre del muchacho y el mismo afectado han manifestado que para esa fecha que aduce el Ejército Nacional, el mismo se encontraba trabajando, y que tienen la plena convicción que fue detenido cinco días después de lo que dicen los militares. El Macarenazoo hizo el barrido documental del caso de esta irregular incorporación, encontrando un documento fechado el 11 de noviembre, en donde a través del “formato de concentración e incorporación” de la Jefatura de Reclutamiento se constata que ese día, posterior a los primeros exámenes médicos y psicológicos, fue declarado apto para su ingreso al Ejército Nacional. De ese mismo día data un documento de “consentimiento informado”, sin firmar. Así mismo existe el documento de “ficha médica unificada” de la Dirección de Sanidad del Ejército, sin fecha, donde se incluye el examen dental. Se puede concluir de estos primeros documentos, que los mismos son los del trámite regular para la incorporación al Ejército, que son realizados contrarreloj para poder obligar a los jóvenes a reclutarse lo más rápido posible. Tal fue el caso de Juan David, que pocas horas después ya estaba en Guaviare. Pero otros documentos mostrarían una presunta manipulación de los oficios públicos y de incorporación. Se trata de tres folios muy similares que coinciden en la fecha y contenido, en relación con lo que el comandante de la unidad militar destaca como la voluntad del joven de prestar el servicio militar. Todos son del 6 de noviembre, cinco días antes de los exámenes que aprobaban su ingreso; el primero del Distrito Militar No. 4, “acta de compromiso”; el segundo de la Jefatura de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército, que asegura que no tiene exención prevista por la Ley (cuando la condición de tener su hermano en servicio lo contempla); y el tercero del Batallón de Selva No. 52., ubicado en Vaupés, en donde, como agravante, se constata su ingreso como “soldado regular”, pese a ser bachiller.

Las copias de estos documentos fueron recopiladas por nuestro medio de comunicación y se constata en las mismas que Juan David firmó con su puño y letra los mismos. Sin embargo, al contactar a la víctima nos señaló que todo se lo obligaron a firmar sus mandos superiores: “si uno no firma, el que está ahí atento a las firmas, va y le comunica a algún cabo y ellos vienen y le dicen que si va a firmar, si uno dice que no, lo obligan, firma a las buenas o firma a las malas.” Evidenció, así mismo, su decisión inequivoca de no querer seguir prestando el servicio militar: “yo no quiero estar acá, yo me quiero ir ya de acá, quiero salir de esta mierda, esto no es lo mío. Acá lo único que enseñan es a matar y nada más.” Estas palabras se sumaron a las interpuestas en queja del 10 de diciembre, en donde el joven manifestó su deseo irresoluto de salir; además en más de una ocasión, al interior de la guarnición militar expresó verbalmente su condición de objetor de conciencia.

En síntesis, Juan David Lozano Clavijo se encontraba en una situación de detención arbitraria que contrariaba los derechos y convenciones que el Estado colombiano ha hecho norma para sus ciudadanos, y que ha ratificado mediante protocolos internacionales. El joven fue incorporado de manera ilegal, violando claramente lo establecido en la Sentencia C-879 de 2011 de la Corte Constitucional, que prohíbe el reclutamiento mediante batidas. La fecha que fue detenido, 10 de noviembre, no coincide con los documentos oficiales que dice poseer el Ejército Nacional. Tenía un hermano prestando servicio militar en ese entonces, lo que es una causal de aplazamiento. Ya tenía cita para diciembre para resolver su situación militar. Tiene una incapacidad física. Pese a ser bachiller lo obligaron a inscribirse como soldado regular, lo que le daría hasta dos años de acuartelamiento. Y expresó su condición de objetor y su deseo de no pertenecer a la unidad militar.

Este es apenas uno de muchos casos en todo el país. La Defensoría del Pueblo asegura que lejos de ser casos aislados representan la realidad de cientos de jóvenes colombianos a quienes se les están violando sus derechos en los procedimientos para definir su situación militar.

Al unísono de la liberación de Juan David, sin embargo, nuevas denuncias de reclutamientos ilegales han llegado a El Macarenazoo. Las denuncias indican que en la sabana de Bogotá, y especialmente en Funza, los militares del Batallón Miguel Antonio Caro, con jurisdicción en ese municipio, siguen secuestrando jóvenes en camiones. La unidad militar curiosamente fue detectada en diciembre pasado por el congresista del Polo Democrático Alternativo Alirio Uribe en pleno proceso de reclutamiento ilegal en el centro de Funza.