Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X

COMUNICADO CEAR: EN MEDIO DE LA PERSECUCION ASCAMCAT EXISTE Y RESISTE.

Antecedentes.
El departamento de Norte de Santander se encuentra ubicado en el nororiente colombiano, está conformado por una capital de departamento que es San José de Cúcuta y 39 municipios.

Su ubicación fronteriza con Venezuela y la cercanía al lago de Maracaibo, la constituye en un área geoestratégica, ubicada en la mita del continente americano. El Catatumbo es un punto de interconexión de toda la infraestructura energética, de transporte, ambiental, social e industrial que requiere el comercio transnacional. El Catatumbo y el estado Zulia se relacionan especialmente en la explotación carbonífera, petrolera, gasifera, agroindustrial, forestal y ganadera.

Por cerca de 30 años Norte de Santander ha tenido una presencia hegemónica de la insurgencia guerrillera de las FARC, ELN y EPL.

En 1995 los paramilitares ingresan a Ocaña organizándose desde allí la primera incursión al Catatumbo. En mayo de 1999 las autodefensas de San Alberto y del sur del departamento del Cesar realizan la segunda incursión ingresando por la zona baja del Catatumbo (Municipio de Tibú). Ya para el 2001 irrumpen a la zona media del Catatumbo (Convención, Teorama, El Tarra y El Carmen) logrando así una presencia total en toda esta zona estratégica.


Es un hecho que luego de la desmovilización del bloque Catatumbo de las AUC, el gobierno colombiano ha reforzado su pie de fuerza en la región. 

En lo que tiene que ver con la implementación de mega proyectos viales e inversiones petroleras, mineras y agroindustriales ayer la ocupación del Catatumbo por las AUC y hoy la fuerte militarización tiene en común ser el elemento que garantice el control territorial para la exploración y explotación de carbón y petróleo, la implementación de monocultivos extensivos agroindustriales de cacao y palma africana, la construcción de la vía Tibú - L
a Mata, conocida como la troncal del carbón.

Todo este conflicto han dejado como resultado 11.200 muertos, 1.600 desaparecidos y 110.000 desplazados.

La resistencia campesina.
En respuesta a décadas de violencia y terrorismo estatal, el movimiento campesino integrado por la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, configura su identidad colectiva como respuesta a la problemática del desplazamiento forzado, generado por la violencia militar y paramilitar. La dinámica de sus acciones está determinada por factores culturales como su identidad territorial y las costumbres propias de la vida campesina, la asociación y sus acciones colectivas, han logrado mantenerse a largo plazo, gracias a procesos de institucionalización y vinculación del campesinado catatumbero, mediante el trabajo de base, lo que le ha permitido movilizarse y lograr sus objetivos. Desde 2005 la asociación campesina del Catatumbo se constituyó ante Cámara y Comercio; en el trabajo con el campesinado catatumbero ha realizado un importante trabajo colectivo de talleres y encuentros de sensibilización, en temas como derechos humanos, derecho internacional humanitario, pertenencia con el territorio, medio ambiente y formación de líderes y lideresas entre otros. De suma importancia es la unidad y fraternidad con que ASCAMCAT y la asociación nacional de la etnia motilón Bari, ASOCBARI, han hecho un trabajo colectivo y decidido por la defensa de la vida, la cultura y el territorio, en la campaña “vida, naturaleza, territorio y cultura” en la cual se han realizado foros y una marcha de Tibú a Cúcuta liderada por indígenas y campesinos el 12 de octubre del año 2008.

Para el año 2009, ASCAMCAT realizó 9 talleres de formación de lideres y lideresas campesinas, con el objetivo de sacar adelante su propuesta de plan de desarrollo.

Uno de los problemas más apremiantes de esta región, radica en que no existen alternativas económicas y de producción para los pequeños agricultores, ya que no existe una política pública agraria eficaz, no hay vías de acceso, los intereses transnacionales sobre los recursos naturales mineros y energéticos, sólo permiten a los campesinos sobrevivir en la economía de la coca ante la grave represión estatal. La ineficiente política antinarcóticos que hace parte del plan de desarrollo del gobierno actual y la política de seguridad democrática han tomado como punta de lanza el plan contra cultivos ilícitos (PCI), con la fumigación y erradicación forzada. Estas operaciones provocan problemas de salud, afectan el medio ambiente y como si esto fuera poco generan violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario a la población del Catatumbo: es por ello que ante recientes atropellos en el marco de las fumigaciones y erradicación los campesinos catatumberos decidieron declararse en campamento de refugio humanitario, como lo mencionan en su declaración política:

“Las comunidades de las veredas
La India y Morro Frío, pertenecientes al municipio de Tibú; Caño Azul y Cooperativa Sapadhana del municipio de Convención; y Caño Mariela, Caño Escondido, Caño Tomás, El Suspiro, del municipio de Teorama, nos declaramos en campamento refugio humanitario en la vereda Caño Tomás del corregimiento de Fronteras de Teorama del municipio de Teorama en el departamento de Norte de Santander (Colombia), a partir del 29 de abril de 2009.

En el marco del refugio humanitario se instalaron en el mismo unas mesas de interlocución y acuerdo con el gobierno municipal y departamental. Los campesinos exigen una política concertada de sustitución de los cultivos de uso ilícito, que paren las fumigaciones y las erradicaciones manuales forzadas, ya que con esto se están violando los derechos humanos de los campesinos, además también piden, que paren las exploraciones de carbón y petróleo ya que consideran que esto sólo les traerá miseria y desplazamiento de su territorio, otro punto importante es el apoyo del gobierno departamental para llevar a cabo un plan de desarrollo formulado por los campesinos, en fin los catatumberos piden respeto a la vida digna y el territorio.

En total se han realizado 3 mesas de interlocución en el refugio y cuatro en los municipios del catatumbo, de los acuerdos pactados con el gobierno departamental, sólo se han recibido incumplimientos y ahora persecución estatal.

En el último mes se han venido cometiendo una serie de capturas irregulares en las zonas del Catatumbo, dichas capturas se presentan en un marco de persecución directa contra las organizaciones sociales del Catatumbo, en especial contra
la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT). Las capturas se presentan como un ataque sistemático por parte del gobierno, contra las organizaciones que pretenden defender los derechos humanos y el derecho a la tenencia de la tierra, las cuales impiden la aplicación de nuevas políticas de colonización gubernamental para regalar la tierra a las multinacionales que desean explotar los recursos. El pretexto del gobierno, de la persecución a las guerrillas, es sólo eso, un pretexto para encubrir la responsabilidad estatal en los crímenes de lesa humanidad y asegurar los intereses de las multinacionales.

En los días del 12 al 15 de febrero se realizó una visita extraordinaria de la Comisión de verificación en la región del Catatumbo y se llevó un seguimiento a las detenciones masivas que atentan contra la integridad, honra, buen nombre, la paz y tranquilidad y la libertad de los campesinos.

Rechazamos los hechos ocurridos en el último mes en donde han sido privados injustamente de su libertad 17 campesinas y campesinos de la región y se han expedido 68 ordenes de captura contra otros tantos y llamamos a la solidaridad y al acompañamiento de todas las organizaciones sociales y derechos humanos, organizaciones internacionales de derechos humanos, agencias de cooperación, Oficina de
la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia, observadores internacionales, plataformas de derechos humanos y de paz, en este duro proceso que se le presenta a nuestros campesinos.

Según denuncias e informaciones de los habitantes de la región, desde el sábado 6 de febrero, agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de
la Fiscalía, la Dijin (Policía Judicial) y la Brigada 30 del Ejército Nacional, vienen adelantando operativos en zona rural de los municipios de Teorama y Convención, y en el casco urbano del municipio de El Tarra, como resultado de ello 17 campesinos y campesinas, fueron capturados basándose en los señalamientos hechos por presuntos desmovilizados de grupos armados ilegales.

La comunidad informó que los campesinos fueron sacados de sus viviendas esposados y luego llevados en helicópteros para ser trasladados a la ciudad de Cúcuta. Entre los retenidos se encuentran varias personas, quienes son líderes sociales honorables que trabajan en beneficio de la comunidad del Catatumbo, en varios de sus corregimientos y que están siendo acusados de ser auxiliadores de la guerrilla y de concierto para delinquir. Muchos de ellos son sindicados de rebelión, terrorismo y concierto para delinquir agravado.

Algunas de las personas retenidas no fueron informadas de tener orden de captura en su contra, o simplemente no se las mostraron, las autoridades se limitaron a decirles, simplemente que tenían pendientes con
la Justicia y no les informaron el motivo de su detención, lo que se constituye claramente como una detención arbitraria.

De acuerdo a las autoridades, y a sus informes, estos operativos obedecen a una minuciosa investigación iniciada hace seis meses en la región, pero ASCAMCAT ha denunciando que desde hace más de seis meses, el Ejército Nacional le viene realizando constantes empadronamientos a la comunidad, fotografías y videos a los habitantes de la zona; prácticas ilegales que contrarían la ley, y que lamentablemente ponen de nuevo a las personas de esta región, campesinos, líderes sociales y comunitarios, frente a situaciones indignas, de dolor, de zozobra, persecución, y de flagrante violación de sus derechos y libertades fundamentales; convirtiéndolos esta vez, en falsos positivos judiciales.

Esta situación no es novedosa y tampoco es menos grave que la ocurrida con los falsos positivos, donde se presentaba a los campesinos como guerrilleros muertos en combate, hoy a pesar de respetar su vida, siguen presentado a campesinos como guerrilleros; desarrollando procesos de judicialización como un mecanismo eficaz y legal para desarticular las organizaciones sociales y silenciar la labor de denuncia de violación a los derechos humanos, esta vez individualizan a las personas y las someten a una serie de vejámenes jurídicos, para que pierdan credibilidad ante la comunidad internacional y ante sus propios compatriotas, pero no les va a funcionar, pues es conocido por todos que las personas implicadas en los procesos son todos o al menos su mayoría pertenecientes a organizaciones sociales que se oponen a la invasión de multinacionales y han solicitado varias veces el apoyo estatal..

Denunciamos que la política de Seguridad Democrática, a través de la implementación de
la Red de Informantes, ha creado una cultura de delación y acusaciones, ofreciendo beneficios jurídicos y económicos. De esta manera dejan sin castigo a quienes sí son los verdaderos criminales y han reconocido haber sido integrantes de grupos al margen de la ley, pero se presentan como favorecedores de la justicia y las falsas acusaciones.

Manifestamos que no tenemos ningún reparo en que el Estado Colombiano utilice sus instituciones y que actué dentro del marco del respeto de
la Constitución y la Ley, para perseguir el delito, incluso se ha colaborado en este propósito, cuando se realizan las denuncias a las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidos por todos los grupos armados al margen de la ley, pero descalificamos que se vulneren los derechos de personas inocentes y de comunidades enteras que han sido víctimas durante tantos años de estos grupos, contra los cuales se ha ejercido la mayor violencia posible y hoy sean también víctimas de privaciones injustas de su libertad, por cuenta de señalamiento sin fundamentos razonables.

Por todo lo anterior y por todas las injusticias de este país enviamos nuestro mensaje de inconformidad con la situación de los campesinos del Catatumbo y les expresamos nuestro incondicional apoyo a todos aquellos que tienen sus familiares presos y a ASCAMCAT, nuestra voz de aliento para que continúe con su magnifica labor de ayuda al campesino.

COORDINADORA ESTUDIANTIL DE ASUNTOS RURALES


 


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