Por: Derechos Humanos U.N.
Fecha de publicación: 24 de febrero de 2012.
La Representación Estudiantil de Sede, La Comisión de Derechos Humanos, y el Observatorio de Derechos Humanos Iván David Ortiz informan a la comunidad universitaria sobre la reunión llevada a cabo el lunes 20 de febrero en las horas de la mañana con la administración de la universidad (Vicerrectoría de Sede, Bienestar Universitario) y el Ministerio Público (Defensoría del Pueblo y Personería Distrital). Ésta reunión fue convocada por los y las estudiantes el viernes 17 de Febrero debido al ingreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) al campus universitario, con el objetivo de exigir a los estamentos correspondientes las explicaciones pertinentes y poder expresar nuestro rechazo frente a esta violación a la autonomía universitaria.
Tanto la administración de la universidad como el Ministerio Público pretenden justificar la entrada de la fuerza Ppblica a la universidad para controlar y capturar personas “dedicadas a la venta de estupefacientes”, con el perjuicio de la actividad programada por grupos estudiantiles para la bienvenida de las y los admitidos a primer semestre de este año, lo que representa un inminente peligro para el estudiantado que aún se encontraba al interior del campus universitario, pues son de conocimiento público las agresiones y abusos de fuerza que caracterizan al ESMAD y que ha tenido como resultado personas gravemente heridas y asesinadas. Asimismo, argumentaron, que el procedimiento contó con las garantías necesarias, pues en el momento del ingreso estaba presente una persona representante de la Defensoría del Pueblo, Ascanio Tapias, quien en el transcurrir de la reunión expresó varios comentarios criminalizadores y estigmatizadores de la actividad estudiantil, entre otros manifestó que es justificado violar a una persona que se encuentre bajo el efecto de sustancias alucinógenas, lo cual demuestra los criterios precarios y malintencionados en la elección de quienes deberían hacer un control efectivo sobre el accionar de la fuerza pública y sus abusos, función que no se cumple, pues repetidamente se presentan innumerables violaciones a los derechos humanos.
Así como lo expresamos en la reunión, rechazamos cualquier ingreso de la fuerza pública al campus universitario, ya que ningún motivo es justificación para violar la autonomía universitaria y los derechos estudiantiles, y responsabilizamos a la administración de la universidad junto al Ministerio Público por alentar la criminalización, estigmatización y represión tanto a las y los estudiantes como a las actividades organizadas y desarrolladas por estos.
Alertamos a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre el aumento de la militarización en las universidades y el recrudecimiento de las agresiones y violaciones a los Derechos Humanos por parte de los organismos del Estado, la División de Vigilancia y Seguridad y la Empresa de Seguridad Privada de la universidad.