CUNDE EL RECLUTAMIENTO ILEGAL EN LA SABANA DE BOGOTA
Por: El Macarenazoo.
Fecha de publicación: 25 de enero de 2016.
Preocupante panorama de reclutamiento ilegal en la sabana de Bogotá. Así lo denuncian diferentes defensores de derechos humanos que han dado cuenta de irregularidades en la incorporación de jóvenes al Ejército Nacional, en los municipios de Mosquera, Facatativá, El Rosal, Subachoque y Tenjo, principalmente.
Mediante la modalidad de batida, prohibida por la Corte Constitucional, miembros del Ejécito Nacional, obedeciendo órdenes de la Dirección de Reclutamiento, empadronan a ciudadanos jóvenes que no poseen la libreta militar y son llevados a los cuarteles militares sin ninguna disposición legal. Los reclutamientos han afectado el derecho al trabajo y de movilidad de decenas de jóvenes de esta región.
Este es el balance denunciado, de acuerdo a lo sucedido en los últimos días:
El Rosal y Subachoque: según los defensores de derechos humanos desde hace un mes, soldados del Distrito No. 51 de Reclutamiento realizan batidas en las vías que conducen a las empresas floricultoras que se encuentran en el sector. Los retenes militares se realizan generalmente entre las 4 y 6 a.m., y la modalidad del delito es la detención de los autobuses de las empresas de flores que transportan diferentes empleados procedentes de poblaciones cercanas, "obligando al personal masculino a bajar de los vehículos con el fin de verificar su situación militar, donde posteriormente los hombres que no tengan en ese momento la libreta militar son obligados a subir a camiones conducidos por personal del Ejército que se ubican en las vías terciarias, las mismas que conducen a las empresas de flores como también en las entradas principales de las mismas," dice una denuncia publicada por Casa de Maíz el pasado 22 de enero. En la última visita de campo al sector, el jueves 21 de enero, antes de las 5 a.m., los defensores de derechos humanos, que portaban chalecos que los identificaban como tal, denuciaron la presencia intimidatoria de sujetos de civil que se transportaban en moto. Los defensores han dicho, igualmente, que los empleados de las empresas floricultoras a veces no regresan a sus trabajos ni siquiera a cobrar los días laborados por temor a ser secuestrados por el Ejército Nacional, o porque fueron reclutados ilegalmente.
Tenjo y Facatativá: en el sector de La Punta, en la vía Facatativá-calle 80, miembros del Ejército Nacional secuestraron esta mañana a varios ciudadanos. Los jóvenes se encuentran en este momento en el Batallón de Comunicaciones del municipio de Facatativá, sin sus documentos de identidad, toda vez que los soldados, obedeciendo órdenes superiores, les robaron las cédulas. Pese a que la mayoría de retenidos son del municipio de Facatativá, el defensor de Derechos Humanos Wilmar Alxander Muñoz, denunció que la personera de esa población Ana Marcela Gómez no se ha apersonado de los casos denunciados, y dijo al respecto en Facebook: "¿Hasta cuándo se va a seguir permitiendo que el Ejército nacional vulnere los derechos humanos y lo ordenado por la Corte Constitucional respecto al tema?" En otras denuncias, se ha informado también que en los últimos días en el populoso barrio de Cartagenita de ese municipio también se estarían realizando las batidas.
Mosquera: al parecer el Batallón Miguel Antonio Caro, en anuencia con las autoridades de este municipio, estarían reclutando a los jóvenes en horas de la tarde y noche, y principalmente en las zonas de rumba. Según las denuncias, hay jóvenes que han tratado de ser reclutados ilegalmente, pese a que estos han presentado documentos de estudio.
En estas zonas de la sabana de Bogotá la militarización de la sociedad ya es una constante. Hoy por hoy, las Alcaldías municipales dotan de motocicletas y otros elementos logísticos a los soldados, y a éstos se les ve en funciones de requisa y solicitud de documentos, reemplazando las funciones propias de miembros de la Policía Nacional, con quienes actúan en conjunto muchas veces. Las Personerías, por su lado, no están atentas a los casos de reclutamiento ilegal y posibles violaciones a los derechos humanos que la militarización provoca, como ocurrió con el asesinato de un civil en una discoteca en Funza, en noviembre de 2014. Las principales violaciones que estarían cometiendo los reclutadores son las contempladas en las sentencias T-455/2014 y C-879/2011 que indican la ilegalidad de las batidas.
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