Comunicación Alternativa // ISSN 2145-390X
LA CONSPIRACION ANTICAMPESINA
Por: Wison Arias Castillo.*
Fecha de publicación: 12 de julio de 2013.
Fecha de publicación: 12 de julio de 2013.
Campesinos en el Catatumbo enterrando a víctima de la represión criminal del Régimen colombiano. Los hechos del nororiente del país son apaenas una arista de la conspiración anticampesina del neoliberalismo nacional. Foto: Notimundo.
Juan Camilo Restrepo dejó el Ministerio de Agricultura sin responder a la constante interrogación que en los debates sobre la extranjerización de la tierra le formulé durante varios años: ¿señor ministro, qué pasa con los brasileros (Mónica Semillas, acumuladores de baldíos y de subsidios oficiales), por qué no se toman medidas en su contra? La pregunta la reiteraba ante el pasmoso silencio oficial, tanto más inquietante cuanto más palmaria resultaba la ilegalidad e inicuo el comportamiento de grandes empresarios que usurparon las tierras y los subsidios que tenían como destino a los campesinos pobres.
Tres años después, ante los flagrantes comportamientos de los acumuladores de tierras baldías, con mayores evidencias a la mano y sustentos de nuestras denuncias, pero ahora acompañado en las preocupaciones por numerosos colombianos, sigo esperando una respuesta sólida del gobierno nacional, acorde con el Estado Social de Derecho y la conveniencia nacional. Inversionistas foráneos y criollos, abogados y auditores, agentes privados y servidores públicos involucrados, deben responder por los hechos que caracterizan la acumulación ilegal de tierras provenientes de procesos de reforma agraria y por esa sistemática captura de recursos públicos, provenientes de los bolsillos de los contribuyentes, que contrario a los designios de progresividad y equidad, siguen llenando las arcas de los más ricos y poderosos por medio de subsidios y créditos blandos, provisiones y bienes públicos concebidos en nombre de los más necesitados.
Ahora bien, este anhelo, lejos de obedecer a lo que algunos catalogan como simple ideología, corresponde por el contrario al ejercicio de la legalidad, al debate público para que se haga justicia, a la confianza legítima que la ciudadanía deposita en las autoridades y en la promesa legal y constitucional sobre el acceso progresivo a la tierra. En ese sentido tiene razón el presidente Santos: tal reclamo corresponde también a un ejercicio de política (de que hacemos política con la política de tierras, nos señala el Presidente. ¡Vaya “acusación"!). Sin embargo, esta aspiración de elemental sometimiento al imperio de la Ley y la Constitución, hoy se relega por el gobierno de turno para atender un repulsivo cálculo, que responde a intereses bien definidos: al parecer, ningún recurso se va a reintegrar al Estado, ninguna tierra se va a devolver a los campesinos, todo lo conservarán los inversionistas. ¿Por qué? Porque es más importante el huevito de la confianza inversionista que la noción misma de la justicia en Colombia.
Atónitos nos han dejado algunos rumores develados por la prensa, según los cuales el gobierno nacional está sosteniendo reuniones con inversionistas, proponiendo que por algún período actúen como concesionarios en las tierras que adquirieron ilegalmente, saltándose las disposiciones del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, y que después de esto, si demuestran buenas prácticas, devengan propietarios sin mancha de estas vastas extensiones de tierras de los llanos, quedando para vergüenza de las injusticias cometidas en nuestro país, bochornosos casos como los de Riopaila Castilla SA, Luis Carlos Sarmiento, Poligrow, Mónica Semillas, Cargill, entre otros. Se trata de una verdadera conspiración elitista contra la escasa normatividad pro- campesina que aún tenemos. Es claro entonces que el Estado colombiano habrá actuado una vez más como mera junta al servicio de los grandes inversionistas de la agroindustria.
Sin embargo, no estamos sólo ante un rumor. A este trasegar del gobierno colombiano en su afán por "dinamizar el mercado de tierras", viabilizando las grandes inversiones en el agro, despojando a los campesinos de los baldíos, a través de diversos proyectos de ley y producción normativa vía Plan Nacional de Desarrollo, se le suman nuevos hechos. Tras sus primeras declaraciones categóricas, de condena a la acumulación de baldíos, el ministro Estupiñan ha verificado una metamorfosis que lo hace irreconocible en pocos días. Primero moderó el tono perentorio contra esa irregularidad, luego relativizó lo que antes advertía categórico, y en un tercer momento ha salido a reivindicar una nueva ordenación del territorio que facilite la explotación de baldíos por el gran capital. Y para "unificar el mando", ahora es el propio Juan Manuel Santos quien despotrica del campesinismo que apenas ayer parecía inspirar a díscolos funcionarios de gobierno.
Pero hay más: he solicitado mediante derecho de petición (al Consejo de Estado y al Ministerio del Interior), copia del concepto solicitado por el gobierno nacional al Consejo de Estado (en noviembre 29 de 2012, magistrado ponente Luis Fernando Álvarez Jaramillo) sobre la interpretación de la Ley 160 de 1994, en particular sobre la acumulación de baldíos. La respuesta ha sido que este documento se halla bajo reserva por solicitud del gobierno nacional. ¿Acaso dirá el concepto que es ilegal en toda su magnitud la acumulación de tierras baldías? ¿Precisará que la creación de estructuras empresariales como las denunciadas en los casos de Riopaila Castilla SA, Cargill, Mónica Semillas y demás, rayan en la ilegalidad y por ende, como lo establece la Ley, deberían declararse nulas las transacciones? ¿Será por ello que el gobierno nacional prefiere reclamar su reserva? Es asunto de suma importancia que el gobierno colombiano haga público el concepto de marras. Es cuestión de democracia y derecho a la información.
Entre tanto, no puedo dejar de compartir otras cavilaciones: ¿debemos esperar de este gobierno que actúe para hacer cumplir aquellas leyes que aún abogan por los campesinos pobres? ¿Qué contendrá el famoso proyecto de Ley que están “cocinando” el gobierno y los inversionistas para “sanear” las inversiones de Riopaila, Cargill, Mónica y compañía, anunciado por Santos para el próximo 20 de julio? ¿Es acaso una medida de “beneficio mutuo temporal” con el fin de salvar las inversiones? ¿Estará dispuesta la conspiración elitista a pasar por encima de la Ley para interpretarla acorde a la confianza inversionista? ¿Por qué no se adelantan investigaciones desde la Procuraduría a los funcionarios de Registro y Notariado que registraron dichas operaciones? ¿Por qué no se revocan las compraventas que dieron lugar a la concentración de tierras? No debemos esperar a que estas respuestas las guíe el acontecer de los hechos que prevemos. La ciudadanía debe movilizarse por la defensa del patrimonio público y de los campesinos, impidiendo la feria de los baldíos en nombre de la competitividad del agro. Tal como en los días de las reformas a la justicia o a la educación superior, se trata de disputar la opinión y la calle. Y reclamar del gobierno las garantías a esa expresión, la principal de las cuales es atenderla razonadamente, pues de nada sirve el derecho a la protesta pacífica, cuando en la práctica esa protesta jamás es escuchada.
* Representante a la Cámara, Valle del Cauca. Polo Democrático Alternativo.
Tres años después, ante los flagrantes comportamientos de los acumuladores de tierras baldías, con mayores evidencias a la mano y sustentos de nuestras denuncias, pero ahora acompañado en las preocupaciones por numerosos colombianos, sigo esperando una respuesta sólida del gobierno nacional, acorde con el Estado Social de Derecho y la conveniencia nacional. Inversionistas foráneos y criollos, abogados y auditores, agentes privados y servidores públicos involucrados, deben responder por los hechos que caracterizan la acumulación ilegal de tierras provenientes de procesos de reforma agraria y por esa sistemática captura de recursos públicos, provenientes de los bolsillos de los contribuyentes, que contrario a los designios de progresividad y equidad, siguen llenando las arcas de los más ricos y poderosos por medio de subsidios y créditos blandos, provisiones y bienes públicos concebidos en nombre de los más necesitados.
Ahora bien, este anhelo, lejos de obedecer a lo que algunos catalogan como simple ideología, corresponde por el contrario al ejercicio de la legalidad, al debate público para que se haga justicia, a la confianza legítima que la ciudadanía deposita en las autoridades y en la promesa legal y constitucional sobre el acceso progresivo a la tierra. En ese sentido tiene razón el presidente Santos: tal reclamo corresponde también a un ejercicio de política (de que hacemos política con la política de tierras, nos señala el Presidente. ¡Vaya “acusación"!). Sin embargo, esta aspiración de elemental sometimiento al imperio de la Ley y la Constitución, hoy se relega por el gobierno de turno para atender un repulsivo cálculo, que responde a intereses bien definidos: al parecer, ningún recurso se va a reintegrar al Estado, ninguna tierra se va a devolver a los campesinos, todo lo conservarán los inversionistas. ¿Por qué? Porque es más importante el huevito de la confianza inversionista que la noción misma de la justicia en Colombia.
Atónitos nos han dejado algunos rumores develados por la prensa, según los cuales el gobierno nacional está sosteniendo reuniones con inversionistas, proponiendo que por algún período actúen como concesionarios en las tierras que adquirieron ilegalmente, saltándose las disposiciones del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, y que después de esto, si demuestran buenas prácticas, devengan propietarios sin mancha de estas vastas extensiones de tierras de los llanos, quedando para vergüenza de las injusticias cometidas en nuestro país, bochornosos casos como los de Riopaila Castilla SA, Luis Carlos Sarmiento, Poligrow, Mónica Semillas, Cargill, entre otros. Se trata de una verdadera conspiración elitista contra la escasa normatividad pro- campesina que aún tenemos. Es claro entonces que el Estado colombiano habrá actuado una vez más como mera junta al servicio de los grandes inversionistas de la agroindustria.
Sin embargo, no estamos sólo ante un rumor. A este trasegar del gobierno colombiano en su afán por "dinamizar el mercado de tierras", viabilizando las grandes inversiones en el agro, despojando a los campesinos de los baldíos, a través de diversos proyectos de ley y producción normativa vía Plan Nacional de Desarrollo, se le suman nuevos hechos. Tras sus primeras declaraciones categóricas, de condena a la acumulación de baldíos, el ministro Estupiñan ha verificado una metamorfosis que lo hace irreconocible en pocos días. Primero moderó el tono perentorio contra esa irregularidad, luego relativizó lo que antes advertía categórico, y en un tercer momento ha salido a reivindicar una nueva ordenación del territorio que facilite la explotación de baldíos por el gran capital. Y para "unificar el mando", ahora es el propio Juan Manuel Santos quien despotrica del campesinismo que apenas ayer parecía inspirar a díscolos funcionarios de gobierno.
Pero hay más: he solicitado mediante derecho de petición (al Consejo de Estado y al Ministerio del Interior), copia del concepto solicitado por el gobierno nacional al Consejo de Estado (en noviembre 29 de 2012, magistrado ponente Luis Fernando Álvarez Jaramillo) sobre la interpretación de la Ley 160 de 1994, en particular sobre la acumulación de baldíos. La respuesta ha sido que este documento se halla bajo reserva por solicitud del gobierno nacional. ¿Acaso dirá el concepto que es ilegal en toda su magnitud la acumulación de tierras baldías? ¿Precisará que la creación de estructuras empresariales como las denunciadas en los casos de Riopaila Castilla SA, Cargill, Mónica Semillas y demás, rayan en la ilegalidad y por ende, como lo establece la Ley, deberían declararse nulas las transacciones? ¿Será por ello que el gobierno nacional prefiere reclamar su reserva? Es asunto de suma importancia que el gobierno colombiano haga público el concepto de marras. Es cuestión de democracia y derecho a la información.
Entre tanto, no puedo dejar de compartir otras cavilaciones: ¿debemos esperar de este gobierno que actúe para hacer cumplir aquellas leyes que aún abogan por los campesinos pobres? ¿Qué contendrá el famoso proyecto de Ley que están “cocinando” el gobierno y los inversionistas para “sanear” las inversiones de Riopaila, Cargill, Mónica y compañía, anunciado por Santos para el próximo 20 de julio? ¿Es acaso una medida de “beneficio mutuo temporal” con el fin de salvar las inversiones? ¿Estará dispuesta la conspiración elitista a pasar por encima de la Ley para interpretarla acorde a la confianza inversionista? ¿Por qué no se adelantan investigaciones desde la Procuraduría a los funcionarios de Registro y Notariado que registraron dichas operaciones? ¿Por qué no se revocan las compraventas que dieron lugar a la concentración de tierras? No debemos esperar a que estas respuestas las guíe el acontecer de los hechos que prevemos. La ciudadanía debe movilizarse por la defensa del patrimonio público y de los campesinos, impidiendo la feria de los baldíos en nombre de la competitividad del agro. Tal como en los días de las reformas a la justicia o a la educación superior, se trata de disputar la opinión y la calle. Y reclamar del gobierno las garantías a esa expresión, la principal de las cuales es atenderla razonadamente, pues de nada sirve el derecho a la protesta pacífica, cuando en la práctica esa protesta jamás es escuchada.
* Representante a la Cámara, Valle del Cauca. Polo Democrático Alternativo.