EL FRAUDE ELECTORAL EL CASO DE FUNZA EL UNICO MUNICIPIO DE LA SABANA OCCIDENTE EN RIESGO
Por: El Macarenazoo.
Fecha de publicación: 18 de junio de 2015.
Según el mapa de riesgos electorales de la MOE del 2014, Funza es el único municipio de la sabana occidente en riesgo de fraude electoral.
Aunque la Misión de Observación Electoral (MOE) está apenas en el proceso de elaboración del mapa de riesgo electoral del 2015, teniendo en cuenta las previsiones de años anteriores, Funza, Cundinamarca, sería el único municipio de la sabana occidente que quede en la lupa de este organismo independiente que pretende vigilar las votaciones que se efectuarán el próximo 25 de octubre, tendientes a seleccionar nuevos concejales, alcaldes, diputados y gobernadores. El año pasado, a propósito de las elecciones al Congreso de la República, y donde el ex alcalde de Funza, Jorge Rey, era candidato a la Cámara de Representantes, la MOE declaró al municipio como uno de los 54 del país que se encontraban en “riesgo medio” de fraude electoral. El rótulo implicaba que – dados los pronósticos y estudios previos – se podrían presentar conductas que derivaran en manipulación ilegal de los resultados, como son las participaciones excesivamente altas o extrañamente bajas en las votaciones, el aumento desmesurado de tarjetones nulos o no marcados, o el crecimiento en las inscripciones atípicas de cédulas de ciudadanía; igualmente el trasteo de votos que ya había hecho carrera en la región en las elecciones locales del 2011.
Dice la MOE, a través de su directora, Alejandra Barrios, que el fraude ha aumentado desde hace varios años porque en donde se ha presentado, ha sido orquestado por los propios dirigentes políticos de los partidos. En Funza, el dominio del partido Cambio Radical es único a nivel regional, conservando durante ocho años consecutivos la administración municipal, aumentando desaforadamente su censo electoral y ahora adquiriendo protagonismo a nivel departamental al ser la cuna del candidato a la gobernación Jorge Rey. Cambio Radical es el partido que, de paso, más congresistas de su colectividad aportó a la cárcel por sus relaciones con las fuerzas armadas ilegales de ultraderecha del país, y es uno de los más cuestionados por la entrega de avales a personas cercanas al paramilitarismo. La propia Barrios en declaraciones a El Tiempo dijo que los partidos cuestionados “están privilegiando los votos sobre cualquier análisis de conveniencia ética o política. Y lo están haciendo sin ningún tipo de recato, con el argumento de que esas personas no tienen condenas.”
Pero desde la oficialidad gubernamental nacional también se escuchan voces de alerta que pronostican unas elecciones marcadas por la ilegalidad. Emiliano Rivera, presidente del Consejo Nacional Electoral, el principal organismo institucional en salvaguardar el proceso de octubre, ha sido énfatico en señalar que es prácticamente inevitable el fraude masivo que se pueda presentar en un par de meses, y también señala responsabilidad en los ámbitos de los poderes locales: “(son) mafias políticas que se han enquistado en la democracia y que se han adueñado del poder local para desangrar el presupuesto,” dijo a El Espectador. Afirmó también que la entidad que preside, lamentablemente, carece de apoyo gubernamental en lo presupuestal para atacar la corrupción electoral: “hay alertas muy graves por posible corrupción en elecciones, pero no contamos con herramientas para combatirla (…) Si alguien quiere lavar dinero, lo invierte en una campaña, no reportan los gastos y finalmente ese alcalde o gobernador queda empeñado con quien le dio plata.”
En Funza ya parece costumbre tener elecciones cuestionadas en el plano mediático, que no han trascendido a investigaciones disciplinarias o penales, en parte también por la debilidad de los organismos de control. En 2011 las elecciones tuvieron como principales protagonistas 12 mil nuevos votantes, muchos de los cuales fueron traídos aparentemente de Fusagasugá, en el marco de una disputa que trascendió hasta las calles y al propio día de las elecciones cuando manifestantes en contra del fraude electoral fueron atacados por la Policía Nacional en la vía pública. En esa ocasión fueron encontrados 1.300 formularios de inscripción de cédulas y computadores con bases de datos electorales en una vivienda de la municipalidad. El año pasado, igualmente, se hizo un balance del presunto fraude acaecido con ocasión de las elecciones al Congreso y que terminaron beneficiando, aparentemente, a Jorge Rey. Y hace un par de meses, en la realización de la consulta del Polo Democrático Alternativo, se denunció una presunta manipulación de votos realizada por la Registraduría Municipal a las votaciones finales.
Justamente en los últimos cinco años, salpicados de escándalos electorales, han actuado los mismos dos registradores municipales, alternándose cada tanto en la dirección de la Registraduría Municipal. Hace un par de meses se denunció la entrada en horas no laborales de un precandidato a la Alcaldía Municipal, acto permitido por el entonces registrador Narcizo Castañeda. Curiosamente Castañeda fue reemplazado estos días por otro registrador, ¡el mismo que había fungido en pleno ajetreo electoral del 2011! Éste, justamente, hace cuatro años fue quien permitió la entrada de funcionarios de la Alcaldía y la personera municipal (reelegida después) junto con personas cercanas al entonces candidato Jorge Machuca, un día antes de las votaciones, lo que provocó la ira de los ciudadanos por no salvaguardar la ética y la ecuanimidad profesional en esta situación, descompensando la igualdad de condiciones que reclamaban los otros aspirantes. (Ver videos al final de la nota)
Las formas de hacer fraude en una elección son múltiples, son decenas de ingeniosas estrategias corruptas que con el acompañamiento de autoridades y poderes políticos logran el propósito de beneficiar al ladrón de turno. En Colombia los muertos votan; algunos vivos votan las veces que sea necesario ostentando cédulas diferentes; se manipulan los sistemas electrónicos; se entrega publicidad el día de las elecciones; se paga el voto; se trastean votos con buses repletos de gente; se gemelean actas de votación o se manipulan; se anulan votos a drede; se marcan votos antes o después a propósito; se cambian los puestos de votación sin previo aviso; se constriñe al electoral usando como adalid las políticas y programas públicos, principalmente de vivienda, salud o educación; se prepagan periodistas locales; se llenan las urnas antes de la hora de apertura; se niegan credenciales a testigos electorales o se les engaña; se lavan dineros ilícitos; se exceden los topes de gastos de campaña; compran funcionarios públicos o los cooptan; enmermelan candidatos y votantes; y al final de todo los ganadores terminan ostentando el poder, haciendo leyes en su beneficio (como juicios a doble instancia), y en lo local usufructuando el presupuesto, reeligiendo registradores, personeros, concejales y hasta alcaldes en cuerpo ajeno...
El actual registrador de Funza, conocido implicado en hechos de presunto fraude electoral (2011)