Por: Julio Pulido.
Fecha de publicación: 29 de enero de 2014.
Asesinatos, desapariciones, detenciones y amenazas han sido el día a día para los movimientos sociales en Colombia en las tres primeras semanas del 2014.
En su saludo de año nuevo para los colombianos, el presidente Juan Manuel Santos afirmó: “el 2014 será un año que esperamos sea el de la paz, el que marque la terminación del conflicto armado que nos ha desangrado por medio siglo (…) En otras palabras, será un año de definiciones cruciales para el país, en el que más se necesita de la convivencia y la unidad de todos los colombianos, dentro del respeto a las diferencias y las opiniones ajenas”.
Las palabras de Santos no fueron nuevas, ya los llamados líderes de opinión habían escrito páginas y páginas con la misma idea: 2014, año de la paz y de un nuevo reto democrático. Las FARC, desde el centro de convenciones de La Habana y desde las montañas de Colombia, ya lo habían dicho, incluso, mucho antes.
Llamarada de hoja seca
Hablar de paz en Colombia, con un conflicto que ha marcado generación tras generación de colombianos al punto de naturalizar sus horrores y en un marco electoral es sin duda un reto democrático.
El llamado a la unidad dentro del respeto y las diferencias es fundamental y digno de aplauso, sin embargo las palabras se extinguieron al ritmo de la llamarada que consume una hoja seca.
El 3 de enero, a pocos días del discurso de Santos, en la ciudad de Barranquilla, fue desaparecido Mario Arenas Peña, miembro activo del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en este departamento y defensor de los campesinos y desplazados asentados en los predios Cuba, Lote 4 y Tamarindo en Barranquilla.
El 4 de enero Yovanni Leiton, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Zabaleta, municipio de San José del Palmar (Chocó) y miembro de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo Agropecuaria (MIA) fue torturado y asesinado junto con su compañera sentimental Doris Liliana Vallejo Mora.
El mismo 4 de enero en la ciudad de Soledad, Atlántico, fue asesinado por pistoleros el dirigente regional del sindicato de trabajadores cerveceros SINALTRACEBA, Ever Luis Marín Rolong.
Ese mismo día fue detenido en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) el profesor Francisco Toloza, integrante de la Junta Patriótica Nacional de la Marcha Patriótica y responsable de relaciones internacionales de este movimiento político, bajo el cargo de rebelión agravada.
El 10 de enero en las afueras de la Plaza de Toros de Manizales agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) arrojaron una bomba de gas lacrimógeno contra manifestantes, resultando cuatro personas lesionadas dentro de las que se encuentra el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Caldas, Óscar Arturo Orozco.
El 13 de enero el grupo paramilitar autodenominado “Bloque Militar Valle del Cauca – Águilas Negras – Rastrojos”, amenazó de muerte a líderes agrarios y campesinos de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (ASTRACAVA), la Coordinación Departamental Valle del Cauca del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano (PUPSOC), la Coordinación Campesina del Valle del Cauca, voceros e integrantes de la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA) en el departamento del Valle del Cauca.
El 15 de enero los periodistas Robert Romero del medio ‘Meridiano de Sucre’ y su esposa, Yila Aguilera, quienes cubrían el desalojo de un predio en Sucre, fueron atacados por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), causándoles heridas a los comunicadores y borrándoles la información registrada.
El 16 de Enero, varias unidades del Ejército Nacional se instalaron en la zona rural del municipio de Dolores, Tolima, cercando las fincas de varios campesinos miembros de la Organización Campesina Vegas del Café subdirectiva y filial de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL) dejando como resultado la captura de los labriegos José Jhonson Tintin, José Faidiviar Ramírez Romero, Esgardo Guayabo Ramírez, Duverney Herrera, Albeiro Ramírez Romero Y Juan Carlos Ramírez Romero quienes son reconocidos en la región por su labor comunitaria.
El viernes 17 en el caserío Víbora, municipio de Inzá, militares del batallón José Hilario López, adscrito a la brigada 29, asesinaron al campesino de 19 años Wilder Eduardo Olave.
Son casos que han sido denunciados y probados, y seguramente habrá más sin conocer. Como lo expuso Piedad Córdoba, vocera nacional del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, en conferencia de prensa sobre garantías políticas “se habla públicamente de paz, pero por debajo de la mesa nos asesinan y persiguen ¿Qué garantías podemos tener?”.
Las primeras semanas de este 2014 arrojan muchas preocupaciones. El Movimiento Político y Social Marcha Patriótica las hizo públicas: “el lenguaje estigmatizador y el uso de medios de comunicación masivos para criminalizar al proceso organizativo; la amenaza directa por parte de grupos militares y paramilitares a líderes y organizaciones sociales; el asesinato y desaparición forzada de dirigentes locales y regionales en distintas zonas del país; las detenciones arbitrarias y miembros de estructuras directivas de los movimientos sociales a través de recurrentes montajes judiciales y los intentos por acabar con la vida política de personas críticas con el gobierno a través de la Procuraduría General de la Nacional” son patrones que preocupan aplicados al pensamiento diferente. La paz no puede sacrificar al movimiento social.